La policía belga efectuó en la tarde del lunes un registro en la sede del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas para incautarse de datos necesarios para la investigación de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de trabajadores de esta institución vinculado a Catar.
"Desde el viernes, con el apoyo de los servicios de seguridad del Parlamento Europeo, se habían 'congelado' los medios informáticos de diez colaboradores parlamentarios con el fin de evitar que datos necesarios para la investigación pudieran desaparecer. El registro hoy en el Parlamento Europeo tenía por objeto coger esos datos", informó en un comunicado la Fiscalía federal belga.
El anuncio de la Fiscalía ha coincidido precisamente con la celebración de un debate en el pleno de la institución, que esta semana se reúne en la ciudad francesa de Estrasburgo -sede oficial de la institución-, sobre el caso de presunta corrupción, blanqueo de capitales y organización criminal desvelado el viernes pasado por las autoridades judiciales belgas, que llevaban cinco meses investigándolo.
En su comunicado, el Ministerio Público belga confirmó que en total desde ese día han tenido lugar 20 registros, 19 de ellos en residencias particulares y oficinas, a los que se suma el de esta tarde en los locales del Parlamento Europeo.
En ellos se han confiscado "varios centenares de miles de euros", en concreto, 600.000 euros en el domicilio de uno de los sospechosos, "varios centenares de miles de euros en una maleta en una habitación de un hotel de Bruselas" y "unos 150.000 euros en el apartamento de un eurodiputado", según indicó la Fiscalía.
Confirmó que, de las seis personas detenidas para su interrogación, cuatro han sido arrestadas y comparecerán ante la Cámara del Consejo -un tribunal belga- el miércoles, entre las que se encuentran un miembro del Parlamento Europeo.
Aunque la Fiscalía no facilitó los datos, se sabe que está imputada la vicepresidenta de la Eurocámara Eva Kailí, de la formación socialista griega PASOK, así como el exeurodiputado Antonio Panzeri, que actualmente dirigía la ONG Fight Impunity y cuya esposa e hija fueron detenidas el viernes en Italia en relación con el caso.
Según los medios belgas, en casa de Panzeri se habrían encontrado los 600.000 euros en efectivo, mientras que el padre de Kailí habría sido localizado saliendo de un hotel cargado con bolsas de dinero y en casa de la propia vicepresidenta del PE se habrían encontrado al menos 150.000 euros en efectivo y otros objetos de valor.
La Fiscalía belga confirmó además que durante el fin de semana se llevó a cabo el registro del domicilio de un eurodiputado belga en presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Se trataría del eurodiputado socialista Marc Tarabella, según la prensa belga.
Entre las residencias y oficinas registradas estarían las de algunos de sus asistentes parlamentarios, así como de la eurodiputada belga también socialista Maria Arena, quien hoy renunció temporalmente a presidir la subcomisión parlamentaria de Derechos Humanos hasta que se tenga "claridad" sobre la cuestión.
La Fiscalía belga destacó la "excelente colaboración" con los servicios de seguridad del Parlamento Europeo en la investigación y recordó que, en caso de delito flagrante, las autoridades pueden intervenir, incluyendo con registros, aunque los eurodiputados tengan inmunidad.
Metsola anuncia una batería de medidas
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró este lunes que los planes de quienes han intentado interferir en los procesos del Parlamento Europeo "han fracasado" y anunció una batería de medidas para mejorar la transparencia e investigar el alcance total del escándalo sobre los supuestos sobornos de Catar en la Eurocámara.
"Los enemigos de la democracia, para los que la existencia de este Parlamento es una amenaza, no se detendrán ante nada. Sus planes maliciosos han fracasado. Nuestros servicios, de los que estoy tremendamente orgullosa, han trabajado con las autoridades belgas relevantes para desvelar esta supuesta red criminal", dijo Metsola en el inicio del pleno de esta semana en Estrasburgo.
La presidenta de la Eurocámara aseguró que su determinación es que la institución "salga más fuerte" de este escándalo y prometió, además de una investigación interna, una reforma sobre el acceso de grupos de presión a las sedes de la Eurocámara o sobre la protección de los denunciantes de corrupción.
Metsola aseguró que la Eurocámara ha actuado junto a las autoridades belgas para asegurar que se preserve toda la documentación y equipamiento informático necesario, que se puedan acordonar las oficinas que sean necesarias o proceder a los registros en viviendas. "No habrá impunidad. Los responsables encontrarán a este Parlamento del lado de la ley. Nada se esconderá bajo la alfombra: lanzaremos una investigación interna para revisar todos los hechos relacionados con el Parlamento y ver cómo asegurar mejor nuestras sistemas", dijo Metsola.
La reforma anunciada, prometió, abordará "quién tiene acceso a nuestras instalaciones", cómo se financian las organizaciones que tiene acceso y sus vínculos con terceros países y una mejora de la transparencia con "actores extranjeros", además de un refuerzo a las garantías de protección para las personas que denuncian la corrupción. "Siempre habrá alguien para el que merece la pena arriesgarse por una bolsa de dinero. Es esencial que estas personas entiendan que se les va a pillar, que nuestros servicios funcionan y que se enfrentarán a toda la fuerza de la ley, como ha sucedido en este caso", incidió Metsola, que recalcó que no es un caso "ni de izquierdas ni de derechas, ni del norte ni del sur" y pidió "no explotar este momento por motivos políticos".
El Parlamento Europeo decidió también, en paralelo, remitir a comisión parlamentaria la decisión que se iba a tomar esta semana sobre las negociaciones para eximir a los ciudadanos cataríes de un visado en visitas cortas al espacio Schengen. Metsola, que definió el pasado fin de semana como "uno de los más largos" de su carrera, aseguró que "si no percibís mi furia y enfado" es por "no poner en riesgo las investigaciones en curso o socavar la presunción de inocencia" de los imputados e involucrados en el caso.