El Tribunal Constitucional ha aplazado al lunes el pleno extraordinario y urgente por el que debía decidir si detenía la votación de las enmiendas al Código Penal en las que se introducía un cambio en las reglas de elección del Poder Judicial. Con esta inexplicable decisión, el Alto Tribunal permite que el Congreso apruebe las medidas de Sánchez para asaltar el Poder Judicial.
De momento, los magistrados del TC no han desbaratado los planes del Gobierno de asaltar el propio Tribunal para alcanzar una mayoría progresista, necesaria para evitar contratiempos ante los recursos, entre otros, de la ley Celáa, del aborto y de la restricción de competencias del CGPJ. No han frenado en seco el intento del Gobierno de retorcer el reglamento de elección de los magistrados con la mayoría simple del Congreso, cuando la Carta Magna especifica que se requiere el apoyo de tres quintos de los votos para su renovación. No han impedido que el Ejecutivo socialcomunista siga adelante con su maniobra sin haber consultado, como es preceptivo, al Consejo de Estado, a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional, en fin, se ha limitado a admitir a trámite el recurso del PP de suspender cautelarmente la reforma del sistema de elección de los magistrados del TC. Un retraso que permite que el Congreso vote y apruebe este jueves la medida, a pesar de incumplir las normas del consenso instauradas hace 41 años. El Alto Tribunal, sin embargo, está obligado a impedirlo. Es el único árbitro para velar por que las leyes se ajusten a la Carta Magna. Y, sin duda, la treta de Pedro Sánchez de cambiar las reglas del juego para la renovación de los magistrados atenta gravemente contra la letra y el espíritu de la propia Constitución. Es de esperar que en su pleno del lunes, el TC decida vetar el intento del presidente de saltarse las reglas, de atentar contra la democracia, de burlarse de la separación de poderes, de imponer su autoridad como si se tratara de un dictador.
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