La crispación política se adueña del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional aplazó al lunes el pleno extraordinario y urgente por el que debía decidir si detenía la votación de las enmiendas al Código Penal en las que se introducía un cambio en las reglas de elección del Poder Judicial. Con esta decisión, el Alto Tribunal permitió que el Congreso aprobara la derogación del delito de sedición, la rebaja del de malversación y el asalto de Sánchez al propio Tribunal Constitucional.

El aplazamiento del pleno se produjo por la amenaza de los magistrados progresistas de abandonar el pleno si el TC admitía a trámite el recurso del PP de suspender cautelarmente la reforma del sistema de elección de los magistrados, lo que hubiera impedido que el Congreso votara la reforma urdida por el Gobierno para tomar el control del Alto Tribunal.

La crispación política que estalló en el Congreso durante el debate que aprobó las medidas del Gobierno se había producido antes en el pleno del Tribunal Constitucional. La amenaza de los magistrados progresistas puso contra las cuerdas al presidente Pedro González-Trevijano que prefirió el aplazamiento antes de que se produjera un escándalo que podía afectar a la imagen y la credibilidad del propio Tribunal.

Pero, a pesar de la crispación política que también se ha adueñado del TC, en el pleno del lunes, los magistrados deberían seguir adelante con su tarea y desbaratar los planes del Gobierno de asaltar el propio Tribunal para alcanzar una mayoría progresista. Deberían frenar el intento del Gobierno de retorcer el reglamento de elección de los magistrados con la mayoría simple del Congreso, cuando la Carta Magna especifica que se requiere el apoyo de tres quintos de los votos para su renovación. Deberían impedir que el Ejecutivo socialcomunista siga adelante con su maniobra sin haber consultado, como es preceptivo, al Consejo de Estado, a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial.

Con este aplazamiento provocado por la amenaza de los magistrados progresistas, el Congreso votó y aprobó la medida, a pesar de incumplir las normas del consenso instauradas hace 41 años. El Alto Tribunal, sin embargo, está obligado a impedirlo. Es el único árbitro para velar que las leyes se ajusten a la Carta Magna. Y, sin duda, la treta de Pedro Sánchez de cambiar las reglas del juego para la renovación de los magistrados atenta gravemente contra la letra y el espíritu de la propia Constitución. Es de esperar que en su pleno del lunes, el TC decida vetar el intento del presidente de saltarse las reglas, de atentar contra la democracia, de burlarse de la separación de poderes, de imponer su autoridad como si se tratara de un dictador.