El Consejo de Ministros baraja aprobar un cheque de ayuda, topar los precios de los alimentos y subir el SMI a cambio de eliminar la subvención a los carburantes.
El tercer paquete de medidas anticrisis que aprobará este martes el Consejo de Ministros ha vuelto a enfrentar a PSOE y Unidas Podemos en el terreno de la vivienda. La formación morada considera insuficiente el tope del 2% a la subida de los precios de los alquileres y exige que se congelen también para los nuevos contratos y las hipotecas a tipo variable.
Trabajando hasta última hora para concretar mejor las propuestas, en palabras de la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, el Ejecutivo espera poder aprobar nuevos cheques de ayuda a familias vulnerables, topar el precio de los alimentos y subir el salario mínimo interprofesional a la vez que debe afrontar la caducidad el próximo 31 de diciembre de la subvención generalizada a los carburantes.
La cesta de la compra tomará el protagonismo este martes. El nuevo cheque de ayuda está enfocado a ofrecer entre 200 y 300 euros a familias vulnerables para la compra de alimentos. Pero todavía queda por concretar los requisitos para acceder a la misma y los mecanismos de uso, aunque ya la ministra de Empleo y Economía Social, Yolanda Díaz, dejó caer que estará enfocado a unidades de convivencia que no superen los mil euros mensuales.
Por otro lado, el Gobierno también pretende frenar la escalada de precios de los alimentos. Para ello pretende aprobar una rebaja del IVA del 10 al 4 por ciento en productos considerados básicos que todavía no entren en la categoría superreducida del impuesto, fijada en el 4 por ciento.
Sin embargo, existe cierta inquietud en el sector de los comerciantes ante un posible tope a los precios. "Se está cociendo algo que no sabemos qué es y de espaldas al sector", apunta Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC). Las intenciones anunciadas por Díaz en septiembre de topar el precio de los alimentos básicos, que ya chocó con los comerciantes tildándolo de "ilegal", vuelven a estar en el horizonte. Este temor de Torres viene provocado por la ausencia de diálogo por parte del Gobierno, lamentando que no se haya dirigido ni a la patronal que engloba a 430.000 pequeños y medianos comerciantes del país ni a las grandes distribuidoras.
En cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, la quinta que realizará el Gobierno de Sánchez, se esperan avances. Yolanda Díaz negoció con los sindicatos, a espaldas de la patronal, llegar a los 1.082 euros. Por su parte, los empresarios ofrecían subir hasta los 1.040 euros con condiciones como descuentos en las cotizaciones y repercutir el aumento en las contratas públicas, algo descartado de primeras por Díaz.
La gran incógnita de este martes radica en saber qué pasará con la subvención de 20 céntimos por litro de combustible, hasta ahora generalizada y que tiene la fecha de caducidad fijada en el 31 de diciembre.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, adelantó el pasado 16 de diciembre que dejará de ser una medida generalizada para enfocarse en los sectores más afectados por el alza de los precios. Calviño aseguró que “no beneficia particularmente a los colectivos más vulnerables, no es progresiva y no incentiva justamente el ahorro energético” y admitió que la idea en centrarse en los sectores "más afectados" como la agricultura, ganadería, pesca y transporte.
Estas medidas anticrisis entrarán en vigor en un 2023 con doble cita electoral: las municipales y autonómicas de mayo y las generales previstas para final de año. Las encuestas vaticinan un triunfo del Partido Popular y la caída de votos del PSOE. De esta manera, Sánchez seguirá tirando de fondos públicos para buscar el vuelco a los vaticinios.
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