Un portavoz de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia ha afirmado que aunque el plazo para la presentación de las alegaciones de afectados por el proceso iniciado para declarar el Pazo de Meirás como BIC finalizó el pasado 25 de septiembre, se han recibido ya un total de 105. Del total de alegaciones presentadas, 8 son "individualizadas", y de estas una corresponde a la familia Franco, propietaria del Pazo de Meirás, y otra de la oposición en el Ayuntamiento de Sada (A Coruña), municipio en el que se ubica la fortaleza.
El argumento generalizado de 45 del total de alegaciones consideran que el modelo de protección patrimonial que ostenta actualmente el Pazo de Meirás ya es suficiente, mientras otras 52 argumentan que la fortaleza carece de valor suficiente para ser declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno gallego.
Una vez recibidas las alegaciones, el proceso continúa y ahora le corresponde a la Dirección Xeral de Patrimonio contestar cada una de ellas. A partir de ahí continuará el proceso de declaración de BIC, que podría estar concluido a finales de este año según los cálculos de los responsables de Patrimonio.
La declaración como BIC del Pazo de Meirás implicaría que el edificio tendría que abrirse al público al menos cuatro días al mes, y cualquier intervención sobre él precisaría de la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Desde el año 1938 el edificio y la finca son propiedad de la familia Franco, después de que fuese donado al dictador por iniciativa de personas afines al régimen.
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