El juicio contra la presidenta suspendida del Parlamento catalán, Laura Borràs, acusada de adjudicar contratos a dedo, concluye en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con las conclusiones e informes de la Fiscalía y las defensas.
Según adelanta TVE, el Ministerio Público mantiene la petición de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación y 144 mil euros de multa para Borràs.
La expresidenta del Parlamento catalán aseguró este lunes que su labor fue "correcta y legal" y denunció que ha sido víctima de "persecución política".
La dirigente de JxCat ha asegurado, en su declaración excupatoria, que nunca supo y ni tan siquiera imaginó que se la investigara, no solo porque ya era aforada cuando el caso trascendió -entonces era consellera de Cultura-, sino porque su labor entre 2013 y 2018 al frente de la ILC fue "correcta, legal y perfectamente razonable" y llevada a cabo siempre "con los criterios que marca la administración".
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