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CASO MEDIADOR

La Fiscalía se opuso a pedir la cárcel para Tito Berni y rechaza ordenar que se registre su despacho en el Congreso

EL IMPARCIAL/Efe
viernes 03 de marzo de 2023, 09:08h
Actualizado el: 03 de marzo de 2023, 14:22h
Sin embargo, pidió el ingreso en prisión del general Espinosa, a pesar de que el exdiputado del PSOE está considerado el cabecilla de la trama.
La Fiscalía se opuso a pedir la cárcel para Tito Berni y rechaza ordenar que se registre su despacho en el Congreso
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El equipo de la Policía que investiga el caso mediador ha pedido registrar "sin restricciones" el despacho que utilizaba en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como tito Berni, mientras fue diputado por el PSOE e intervenir todos sus equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento.

En un informe enviado a la juez de Santa Cruz de Tenerife que instruye la causa fechado el martes, 28 de febrero, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal Anticorrupción de la provincia alega que no puede pronunciarse sobre esa petición, porque la Constitución consagra la sede del Congreso como "inviolable", recuerda.

Por ello, propone dirigirse al propio Congreso para que sea la Cámara la que autorice a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía a registrar el despacho utilizado Fuentes Curbelo hasta el pasado 14 de febrero, cuando el PSOE forzó su dimisión al conocer que estaba investigado en una trama de presunta corrupción, en la que ya había sido detenido su sobrino, Taishet Fuentes.

El fiscal propone que participe en el registro también la Comisaría de Policía Nacional del Congreso "para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado Juan Bernardo Fuentes Curbelo".

El exdiputado socialista fue detenido pasado el 20 de febrero, seis días antes de que la juez ordenase el arresto de los otros once implicados, una vez que tuvo confirmación de que ya no era miembro del Congreso (contra un diputado en Cortes Generales solo puede proceder penalmente el Tribunal Supremo).

Compareció ante la magistrada el día 22 y salió en libertad con cargos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, porque la única acusación personada hasta ese momento, la Fiscalía, no pidió ninguna medida cautelar contra él.

A lo largo del sumario, hay varias pruebas de que Fuentes Curbelo recibía en el grupo parlamentario socialista a empresarios que presuntamente solicitaban la influencia de la trama para obtener contratos o subvenciones públicas, o para liberarse de sanciones.

El Tito Berni, en libertad

La juez de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha abierto otras dos piezas separadas con la información aportada por el intermediario que da nombre al "caso Mediador", así como con las pruebas recabadas en los registros, una de las cuales ha sido declarada secreta.

Lo ha confirmado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que también ha precisado que, a día de hoy, no hay más acusación en la causa que el Ministerio Fiscal, aunque sí constan varias peticiones de personación a las que aún no se ha respondido.

En los últimos días, han manifestado su voluntad de personarse como acusación en ese procedimiento el Partido Popular, el PSOE, Vox y la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

El TSJC confirma que una de las entidades que ha pedido personarse ha recurrido el auto de puesta en libertad del presunto cabecilla de la trama, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni, pero su solicitud todavía no ha sido tomada en consideración porque formalmente no forma parte del procedimiento.

Fue Vox el partido que ayer, jueves, anunció a través de un comunicado que había recurrido la puesta en libertad de Fuentes Curbelo, a quien la instructora permitió abandonar su Juzgado tras prestar declaración "por imperativo legal", porque la Fiscalía no había pedido medidas cautelares contra él, como explicó en el auto la propia magistrada, que era partidaria de recluirlo en prisión preventiva para evitar el riesgo de que destruya pruebas.

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