Desenterrando la Guerra Civil

Tráfico de drogas, terrorismo, falsificación de moneda y fraudes alimentarios. Son sólo algunos de los delitos sobre los que es competente la Audiencia Nacional. Debe de ser que se delinque poco en estas materias, o que la Justicia española atraviesa un momento boyante en lo que respecta a recursos humanos y materiales. O incluso que hay servidores públicos lo suficientemente ociosos como para permitirse el lujo de dar rienda suelta a su inquietud por la arqueología de lo macabro en horas de trabajo. Fuera ya de la más que cuestionable base jurídica de la maniobra, sólo así se entiende el empeño del juez Garzón en emplear dinero de todos –será que hay de sobra- para desenterrar los viejos odios de la Guerra Civil.

Desgraciadamente, eso es precisamente lo que ocurrió en España hace más de setenta años. La historia no es la misma que la de la Italia fascista, la Alemania nazi o la Francia petainista. En España se produjo un enfrentamiento civil entre dos partes. Es una falsificación de la realidad histórica presentar el bando nacionalista como compuesto por cuatro militares africanistas, flanqueados por una pandilla de banqueros, terratenientes y obispos y asistidos por alemanes e italianos. No menor que desfigurar el lado izquierdista como una conspiración de comunistas, organizada por los rusos y nutrida de brigadistas extranjeros. La realidad fue muy otra. Los que lucharon y se mataron unos a otros eran españoles. Por los dos bandos. Asesinos y víctimas pueden encontrase en los dos lados e incluso dentro de cada bando. Garzón puede llevarse más de una sorpresa con las víctimas del POUM y anarquistas, asesinados por los comunistas dentro del propio bando populista. Por eso, estas iniciativas descabelladas terminan en una “guerra de esquelas”: porque en aquella “alucinación colectiva” sangrienta, como la calificaba Azaña, hubo para dar y tomar por todas partes.

Ha ordenado Garzón la apertura de 17 fosas comunes, imputando penalmente además a los máximos dirigentes del franquismo. Por si había alguna duda de su desaparición, ha solicitado también las partidas de defunción de los generales Francisco Franco y Emilio Mola, entre otros. Por lo que se ve, algo sumamente útil. Pide también los nombres de los altos cargos de Falange hasta los años 50, y no se sabe cuántas cosas más. ¿Para qué? En teoría, para “restaurar la dignidad de los que sufrieron los efectos de la dictadura”. Eso sí, añade el juez que no es su intención en absoluto “abrir una macrocausa sobre la Guerra Civil”. Pues su Señoría dirá, pero excavar las cunetas de media España en busca de restos cuya procedencia resultará casi imposible de determinar no se antoja el mejor medio de restañar antiguas heridas –por lo demás, ya cicatrizadas-. La Guerra Civil fue una tragedia que arrasó el país, dividió familias y marcó a generaciones enteras. Mucho se ha hablado y escrito sobre aquello. Bastante como para que todo el mundo sepa que algo así no debe repetirse jamás. La reconciliación y tolerancia hicieron que la Transición fuera posible, a la par de modélica. Más de 30 años de democracia así lo atestiguan. Cualquier persona decente puede comprender -y apoyar- que los descendientes de las víctimas quieran dar un entierro apropiado a sus familiares asesinados. Pero esa labor requiere discreción y recogimiento. Sobra el teatro y el montaje mediático del juez Garzón. Lo que todos debemos a las víctimas ya lo dijo el Presidente Azaña en plena matanza: “paz, piedad y perdón”

Por otro lado, los ciudadanos deben saber que, pese a sinsentidos jurídicos como el del juez Tirado en el caso Mari Luz, o las apariciones estelares del juez Garzón, hay muchos funcionarios de la Administración de Justicia en España que hacen bien su trabajo. Jueces, fiscales, agentes y secretarios judiciales se esfuerzan día a día por garantizar la seguridad jurídica que todo Estado de Derecho debe brindar. Sin focos, ni cámaras, ni afanes de notoriedad, ni mediocres conferencias generosamente retribuidas. Ellos no piensan en despertar viejos y estériles rencores, sino en servir a la Justicia –que es lo que reclama la opinión pública. Por fortuna, son mayoría.