Nuevo pico de violencia en las calles de Francia durante las protestas por la reforma de pensiones de Emmanuel Macron. El pulso que los sindicatos franceses están planteando al Elíseo ha tomado durante esta semana una seriedad que ha de tomarse en cuenta. Se trata de la novena jornada de huelga general, con 3,5 millones de franceses en las calles, a pesar de los disturbios y el riesgo de que el país colapse. Los piquetes lograban bloquear el aeropuerto de la capital francesa y la estación de Gare de Lyon, al tiempo que se producían asaltos a edificios institucionales en diversas ciudades francesas y se producía un incendio a las puertas del Ayuntamiento de Burdeos.
Como es sabido, el presidente francés ha emprendido una necesaria reforma de las pensiones en Francia, en la que la edad de jubilación aumenta de los 62 a los 64 años. Se trata de garantizar la sostenibilidad del sistema en un Viejo Continente cada vez más envejecido. Conviene ir hacia cierta convergencia de los diferentes sistemas de pensiones en la Unión Europea, en el largo plazo, toda vez que la experiencia muestra que la moneda única del euro no es suficiente para homologar a los diferentes países que conforman este espacio político. Acierta, pues, Emmanuel Macron con su reforma, a pesar del amplio rechazo que está encontrando en las calles, con unos sindicatos franceses dispuestos a todo para tumbar la agenda presidencial.
Mientras tanto, los sindicatos españoles permanecen dóciles a los dictados del Gobierno y Escrivá puede estar bien tranquilo en su ministerial poltrona. Las generosas partidas presupuestarias con las que los socialistas ceban a las centrales sindicales se encargan de mantener la paz en las calles.
Y no es porque el sistema de pensiones español esté a buen recaudo. La estructura poblacional española lleva a algunos expertos a hablar de un sistema quebrado, en el largo plazo. Este mismo viernes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertaba de que el gasto asociado al envejecimiento de la población elevará el déficit público hasta el 7 % del PIB en 2070, un año en el que la deuda pública alcanzará el 186 % del PIB si no se adoptan medidas para atajar este desfase.
Pero el pensamiento a largo plazo no forma parte del vocabulario del Gobierno, cuyo cálculo apenas alcanza a las próximas elecciones generales. Los problemas estructurales se aparcan. Como ha demostrado sobradamente, el único programa de Pedro Sánchez es el poder a cualquier precio, la dádiva, el cesarismo. Ya apechugará el que venga detrás.