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CONTRA LA AUDIENCIA NACIONAL

En libertad 10 de los acusados de planear un atentado contra la Audiencia Nacional

lunes 04 de febrero de 2008, 11:37h
El tribunal se ha decantado por imponer medidas cautelares para todos ellos, como la retirada del pasaporte, la obligación de que comparezcan en las dependencias judiciales una vez a la semana y la prohibición de abandonar el territorio español.

Los cinco acusados para los que se ha decretado la puesta en libertad, pero que deberán permanecer encarcelados por otras causas son: Baldomero Lara Sánchez, Mohamed Amin, cuyo auténtico nombre es el de Noureddine Bousrhal, y tres condenados ya por sus vinculaciones con el GIA, Bachir Belhakem, Soubi Kounic y Mohamed Amin.

La llamada “operación Nova” llevada a cabo en 2004 posibilitó detener a los treinta presuntos terroristas, y el juicio comenzó el pasado 15 de octubre, quedando visto para sentencia el 14 de enero. Los fiscales Dolores Delgado y Pedro Rubira modificaron levemente las penas solicitadas inicialmente para los acusados, para los que reclamaron penas de entre 8 y 43 años de prisión. Según la Fiscalía, este grupo terrorista, supuestamente liderado por el acusado Mohamed Achraf, estaba adscrito al pensamiento del "Salafismo Jihadista" conectado con la red de Al Qaeda.

Los fiscales acusan a Achraf, para el que han pedido 43 años de prisión, de reclutar a varias personas con la finalidad de realizar la "Yihad" (Guerra Santa) en territorio español, por lo que organizó un grupo formado por reclusos de la cárcel de Topas (Salamanca), donde estuvo preso en diferentes ocasiones entre 2001 y 2002.

Ese grupo, que se denominó "Mártires para Marruecos", se amplió posteriormente hasta formar un total de cuatro células conectadas entre sí: la primera con origen en la cárcel de Topas; la segunda en el centro penitenciario de A Lama (A Coruña); la tercera en Almería y la cuarta se localizó en Levante, principalmente en Valencia.

Para la constitución de la célula en Levante, "de tendencia salafista extrema", Achraf, según la Fiscalía, aprovechó la existencia de "estructuras anteriores vinculadas con el GIA y, en especial con Allekema Lamari", considerado el "cabecilla" del grupo terrorista que perpetró los atentados del 11-M.
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