Acuerdo en Bolivia

La situación en Bolivia parece serenarse ya que, finalmente, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Evo Morales) y sus opositores anunciaron haber alcanzado un acuerdo. Después de tantas semanas tensas y días violentos, oposición y gobierno han hallado un punto de encuentro que permitirá aprobar en el Congreso Nacional el referendo sobre la nueva Constitución del país. El acuerdo prevé la celebración de elecciones generales en diciembre de 2009 e incluye el compromiso de Morales de no optar a una nueva reelección en los siguientes comicios; es decir, los de 2014. La convocatoria del referéndum constitucional, que se celebrará el 25 de enero de 2009, ha sido aprobada este martes mismo por el Congreso Nacional de Bolivia. Después de 18 horas de debate y con miles de seguidores del presidente Evo Morales a las puertas del Parlamento, los legisladores han concretado en la ley de convocatoria el acuerdo político.

La decisión de Morales de renunciar a una segunda reelección parece la moneda de cambio necesaria para posibilitar la aprobación del referendo sobre la nueva Constitución. El desprendimiento del actual presidente podría ser un “sacrificio” necesario y entenderse como un gesto de confirmación de que el interés del país está por delante de cualquier interés personal. Sin embargo, la decisión de Morales sería más un paso obligado, una elección necesaria para evitar que el país volviese al borde de la violencia y el fruto de las presiones internacionales (Unasur) para que se alcanzase un acuerdo de forma rápida y sin más complicaciones.

El acuerdo prevé correcciones al texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente en materias como la descentralización autonómica, las reformas agraria y judicial, los recursos naturales o el modelo económico, temáticas sensibles que habían generado el malestar de las provincias “autonomistas”. La Constitución promovida por Evo Morales se marca como objetivo transformar el orden político boliviano, favoreciendo una gestión centralista del poder y un gobierno central que controle las competencias públicas más importantes. Además de reducir las autonomías regionales, el proyecto plantea dudas sobre los efectos que todo esto tendrá en la conflictividad del país, el racismo o la universalidad de los derechos.

El acuerdo representa un evidente paso adelante y suaviza el clima en el país después de tanta incertidumbre. Además, la imposibilidad de reelección de Morales garantiza que el actual mandatario no se perpetúe en el poder (excepto modificaciones posteriores al actual texto pactado). Sin embargo, es lícito esperar nuevos cambios en el texto Constitucional propuesto, ya que resulta confuso y carece de un verdadero programa político. La política de nacionalizaciones y la centralización del poder que quiere poner en marcha Evo Morales pueden tener importantes consecuencias para el futuro del país.

Morales debe asumir su responsabilidad y, en lugar de presentarse como un mandatario centralista y concentrador, considerar que el proceso autonómico es una realidad del país: hacer ciertas cesiones a las autonomías no es igual a la descentralización. Su actitud del pasado ha puesto en discusión hasta el reparto de poderes y podría terminar con la separación de poderes en Bolivia, poniendo el poder legislativo al servicio del ejecutivo. Sin embargo, una vez más, el presidente muestra su incapacidad para realizar una lectura del futuro: en lugar de mirar en el espejo adelante, Morales sigue mirando en el espejo retrovisor.