El 90% de las empresas de la Administración Central, de las Autonomías y de los Ayuntamientos son...
El 90% de las empresas de la Administración Central, de las Autonomías y de los Ayuntamientos son innecesarias y, en ocasiones, hasta perjudiciales. Se trata de la máscara que la clase política, toda la clase política, se ha inventado para colocar a parientes, familiares y paniaguados. El día que se haga un análisis profundo de la realidad de la empresa pública en España se organizará un escándalo descomunal.
Carmen Lucas ha publicado en ABC una información reveladora. Conforme al Dedómetro de la fundación sin ánimo de lucro Hay derecho, el 60% de los responsables de 43 empresas públicas de la Comunidad valenciana y de la Comunidad madrileña carecen de mérito y de capacidad para ocupar sus puestos. Son sencillamente enchufados. Los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación y sus mandatarios dedican una parte de sus enternecedores esfuerzos en favor del interés general, a colocar a sus amiguetes, a sus parientes y a sus paniaguados en las empresas públicas. No cuenta el mérito. Tampoco la capacidad. La amistad o la relación con el político de turno es la clave.
Ningún partido se atreve a publicar una relación de los varios millares de empresas innecesarias convertidas en una selva impenetrable de compromisos de los políticos en las cuatro Administraciones, la central, la autonómica, la provincial y la municipal.
La secretaria general de la asociación Hay derecho, Elisa de la Nuez ha aportado datos reveladores sobre una situación que en cualquier momento puede estallar. Se han creado y se siguen creando incontables empresas públicas cuyo objetivo no es atender los intereses del bien común, sino proporcionar puestos de trabajo a los compromisos de los políticos. Se comprende que la opinión pública subraye entre los diez problemas que agobian a los españoles, y en el tercer lugar, a los partidos políticos. La Constitución debió incluir un artículo que dijera: “Ningún partido político, ninguna central sindical, podrá gastar un céntimo más de lo que ingrese por las cuotas de sus afiliados”. No fue así y hoy los partidos políticos, también las centrales sindicales, viven del dinero público. Han crecido de forma desproporcionada y además se han convertido, en parte, en agencias de colocación para proporcionar puestos de trabajo a los compromisos de sus dirigentes.
