La voluntad política y el escandaloso 0’7%

Quizá esté especialmente sensibilizado porque este verano, cuando disfrutaba placidamente de la lectura, en una bella playa de Gran Canaria, arribó a su arena uno de esos “cayucos” que diariamente vemos en nuestros telediarios y a los que, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado. Como supongo sucede con cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, el drama humano que en estas circunstancias se contempla me produjo consternación, impotencia y estupor, ¿cómo es posible que se lancen al Océano en semejante cascarón? ¿Tan poco tienen que perder? Lo cierto es que sí. Nos hemos acostumbrado a escuchar que, aproximadamente, 1.000 millones de personas viven en la extrema pobreza en el mundo, es decir, con menos de un dólar por día. Y calmamos nuestra conciencia con nuestras aportaciones a ONG’s, Iglesias o, en última instancia, nuestros impuestos que nutrirán el famoso 0’7% de la Renta Nacional Bruta destinado a promover el desarrollo de ese otro mundo pobre que sacude nuestras conciencias a través de los dramas humanos que nos traen los informativos.

Para las personas que viven en esos países, sus aspiraciones, ilusiones y esperanzas, estriban en cuestiones de mera supervivencia. En el año 2000 la Asamblea General de la ONU proclamó los conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que está erradicar la pobreza. Hubo que esperar a 1996/1999 para que la FAO y el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales especificase que el derecho a la alimentación recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de San Francisco de 1948, consistía en “garantizar un reparto justo de los recursos alimentarios mundiales” y “el acceso en todo momento a una alimentación adecuada”. Para ello, los casi dos centenares de Estados allí representados se fijaron como objetivo tratar de reducir el hambre a la mitad antes de 2015. Los países de la OCDE se comprometieron a destinar el 0’7% de su Renta Nacional Bruta al desarrollo en 1979. En nuestro país, todos los Grupos Políticos suscribieron un Pacto de Estado contra la pobreza el 19 de diciembre de 2007 y el Gobierno ha reiterado su compromiso con esta causa para llevarla a cabo antes de 2012 (la última vez que el Sr. Presidente se refirió a ello explícitamente fue el 25 de octubre de 2007). En consecuencia, se ha ido incrementando la partida presupuestaria yendo de 2.000 millones de euros en 2004 a los 4.351 millones en 2008 o, lo que es lo mismo, entorno al 0,45% de nuestra RNB (cantidad en la que se incluyen Fondos de Ayuda al Desarrollo –créditos a empresas para que inviertan en países subdesarrollados– y la cancelación de la Deuda Externa con Países Menos Adelantados).

En las últimas semanas hemos visto una movilización mundial sin parangón entre los países más desarrollados ante la crítica situación del sistema financiero. Tras la quiebra del Banco de inversión Lehman Brothers el pasado 15 de septiembre, buena parte de esas naciones, incluidas la nuestra, en apenas un mes han previsto inyectar altísimas cifras de dinero de sus contribuyentes en sus sistemas bancarios para apuntalarlo (Estados Unidos 250.000 millones de dólares, es decir, 186.000 millones de euros; Rusia 63.000 millones de euros; Reino Unido 35.000 millones de libras o, lo que es lo mismo, 44.000 millones de euros; Francia, 10.500 millones de euros; Holanda, 10.000 millones de euros; España, al menos, 30.000 millones de euros y así sucesivamente). A nadie se le escapa, como está recogiendo estos días ampliamente la prensa que ese capital supone una parte sustantiva de las Rentas Nacionales Brutas. A estas alturas mi pregunta es ¿qué hubiera pasado con la pobreza en el mundo si se hubiera abordado el problema con la misma determinación con el que se ha abordado el actual problema financiero?