Las elecciones generales del 23J han dejado un escenario incierto en el que el desempate de los bloques de derecha e izquierda por el partido de Carles Puigdemont. Si Pedro Sánchez quiere continuar en Moncloa, tendrá que sumar a su larga lista de aliados antiEspaña a uno de los artífices del procés, un compañero de viaje incómodo, que continúa huido y con un proceso penal abierto.
El prófugo de Waterloo tiene la llave de la gobernabilidad para sorpresa de propios y extraños. Nada hacía pensar que Puigdemont fuera a convertirse en árbitro de la negociación poselectoral. La estupefacción es máxima teniendo en cuenta que el independentismo catalán ha perdido representantes en el Congreso, pero no poder ni capacidad de decisión sobre la política nacional.
El expresidente catalán ha puesto ya precio a su apoyo a Sánchez. No se abstendrá a cambio de nada. El presidente lo sabe y, como en otras ocasiones, terminará prometiéndole lo que quiere aunque al plegarse termine destrozando España. El PSOE ya ha adelantado que negociará con Junts, partido al que se abre a hacer consesiones, pero se desconoce de qué tipo.
El secesionismo sabe de la querencia de Sánchez por agarrarse al poder y exprimirá al máximo sus exigencias, consciente de que no pierde nada entre sus votantes si la coalición de izquierdas no logra el respaldo de la cámara para formar gobierno y aboca al país a una repetición electoral.
Voces socialistas ya han rechazado por inconstitucionales las demandas del partido del prófugo, que pondrían al PSOE de nuevo en un brete tras años de desgaste realizando concesiones a formaciones que no creen en la unidad nacional. Ahora bien, conociendo el currículum de Sánchez, será difícil que el presidente deje escapar esta oportunidad aunque con sus concesiones deje a España al borde del abismo.
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