Ya Zapatero logró que en 2005-2006 el monte europeo pariera algún ratoncito con el que dar gusto (!) a sus aliados ya de entonces, particularmente en Cataluña. El Consejo de la Unión adoptó, en efecto, unas conclusiones en junio de 2005 que determinaron el alcance que podría darse en las instituciones y órganos de la Unión –las Comunidades Europeas, entonces aún- a la utilización de lenguas no oficiales de la Unión, pero que gozaran de alguna oficialidad o cooficialidad en los Estados miembros. El Consejo habilitó entonces unos curiosos “acuerdos administrativos” entre cada institución y el Estado miembro que lo solicitase, en los que habrían de especificarse las reglas marcadas en las mentadas “conclusiones”. Y así se formalizaron, en efecto, entre el Reino de España y el propio Consejo, por un lado, y con la Comisión Europea, por otro, sendos acuerdos de esa índole, en los que se abría la posibilidad de dirigir escritos o comunicaciones a estas instituciones en las lenguas reconocidas en España como cooficiales en algunos territorios, pero siempre a través del organismo español que España determinase –de hecho, su Representación Permanente en la Unión-, que, tras traducirlos al castellano/español, ha de remitirlos a la institución destinataria, eximiéndose la Unión de toda responsabilidad sobre el acierto de tales traducciones. Se regulaba asimismo un procedimiento similar a la inversa, para las respuestas de las instituciones. Se añadía además la posibilidad de que el representante del Gobierno español en el Consejo pudiera intervenir en una de esas lenguas, pero sometiéndose a las severas condiciones que se fijaron y a la decisión previa de la Secretaría General del Consejo. Las traducciones juradas de actos codecididos por el Parlamento Europeo y el Consejo podrían ser también remitidas al Consejo para su archivo y dispensación de copias a quien las solicitase, pero insistiendo en que en modo alguno se haría responsable de esas traducciones –por no ser, en verdad, oficiales ni tener efectos jurídicos- la Unión. Esos acuerdos se publicaron en la serie C del Diario Oficial.
Acuerdos similares –solo relativos a la presentación de escritos- se formalizaron también entre el Reino de España y el Defensor del Pueblo Europeo, el Consejo Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, cuya publicación no nos consta. E incluso otro con el mismísimo Tribunal de Justicia, aunque expresamente se excluyó de su aplicación todo lo relativo a su actividad jurisdiccional y jurídico-administrativa instrumental (contratos, selección de personal, etc.) ...
Ahora, de nuevo para complacer a quienes pretenden desarticular al Estado español –cada vez más descaradamente- con el único objetivo de mantener o de obtener el Gobierno de la nación, Sánchez y sus agentes han hecho todo lo posible para dar otro paso en la línea de obligar a admitir el uso en la Unión Europea, y concretamente en el Parlamento, de las lenguas cooficiales en algunos territorios de España. Sin importarles lo que con ello pueda desestabilizarse la propia Unión Europea, y de manera acelerada, saltándose exigencias procedimentales básicas y prevaliéndose de modo impropio de la presidencia del Consejo de la Unión que en este segundo semestre de 2023 corresponde, por turno, a España.
Y, para ello, no se les ha ocurrido más argumento ¿”jurídico”? que lo que ya se introdujo en el Tratado de la Unión, que fue otra victoria pírrica de quienes pretenden descoyuntar este país. Es el apartado 2 de su art. 55, que se aplica asimismo al Tratado de Funcionamiento de la Unión, y que faculta para que uno y otro Tratado puedan traducirse a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros, distintas de las oficiales en que se aprueban sus textos como auténticos, conforme al apartado 1 del mismo artículo, y que, en esos Estados, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales, tengan estatuto de lengua oficial en la totalidad o en parte de su territorio. Ha de ser cada Estado miembro interesado el que ha de facilitar una copia certificada de esas traducciones, que se depositará en los archivos del Consejo. Como el Consejo de la Unión ha dejado claro ya hace tiempo, tales traducciones no se erigen en textos oficiales obligatorios de los Tratados, su fiabilidad es responsabilidad del Estado correspondiente, y, desde luego, nada de esto puede implicar gastos adicionales para la Unión.
¿Cómo puede invocarse esta previsión, tan inútil, para fundamentar la pretensión de usar esas lenguas –que, en España, además, no gozan en rigor de oficialidad alguna sino solo de cooficialidad en algunos territorios, siempre junto con la única lengua oficial del Estado- en el Parlamento Europeo, cuyo Reglamento establece que solo se utilizarán las lenguas oficiales de la Unión?
Los diputados europeos, además, representan a los ciudadanos de la Unión, que lo son solamente en cuanto ostentan la ciudadanía de uno de los Estados miembros (art. 9 del Tratado de la Unión). Por eso, en realidad representan a los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros –o vinculados con cada uno de ellos por una residencia permanente- y es cada uno de esos Estados quien organiza el sistema electoral para elegir a los que han de representar a su ciudadanía en el Parlamento Europeo. Todos los diputados españoles en éste han sido elegidos en representación de los ciudadanos europeos que lo son por ser españoles o residir establemente en España, cuya única lengua oficial, según el art. 3 de la Constitución, es el castellano. Incluso teniendo en cuenta que algunos estén más vinculados con territorios en los que otras lenguas son cooficiales, lo evidente es que esa cooficialidad no suprime ni merma la oficialidad del castellano/español, única lengua oficial del Estado español integrado como tal en la Unión. Carece de toda justificación pretender que el Parlamento Europeo deba abrirse al uso en su seno de las lenguas cooficiales de algunas Comunidades Autónomas, complicando y encareciendo más aún los ya complejos condicionamientos funcionales de esa Asamblea, los pague quien los pague.
La respuesta lógica de los demás Estados de la Unión a las interesadas pretensiones de Sánchez, ya se ha visto, aunque los medios oficiales y oficiosos hayan tratado de que pase inadvertido el “bochorno” del “ya hablaremos de ello otro día”, con que han respondido a las pretensiones del Gobierno de España. Y así vamos, “de triunfo en triunfo”.
Si (
No(
