El Tribunal Constitucional afronta esta semana la resolución de asuntos de gran trascendencia social como el impuesto a las grandes fortunas, la ley rider, las manifestaciones en el segundo estado de alarma durante la covid-19 y el recurso de amparo del exdirigente de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.
El pleno que arrancará el martes tendrá sobre la mesa la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer que propone rechazar el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Al respecto, el borrador considera que la creación del impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en política fiscal de la región, como argumenta el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid estima que este impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas de más de tres millones de euros provocará unas pérdidas a las arcas públicas de la región de entre 1.200 y 1.600 millones al año, ya que frenará las inversiones extranjeras en la región.
La condena contra Alberto Rodríguez
Además, el pleno debatirá la ponencia sobre el recurso de amparo del exdirigente de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que considera desproporcionada la condena impuesta por el Tribunal Supremo, por dar una patada a un policía nacional durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife).
El Tribunal Supremo condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, de 45 días.
Tras esta condena, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le comunicó a Rodríguez la pérdida de su condición de diputado, tal como dijo que le requirió el Supremo.
La ponencia de la magistrada progresista María Luisa Segoviano propone la estimación del recurso al atender uno de los argumentos de Rodríguez en relación a la vulneración del principio de proporcionalidad.
Indultos y ley rider
Asimismo, los magistrados estudiarán el recurso del PP contra la decisión de Batet de no pedir al Gobierno los expedientes de los indultos concedidos a los líderes independentistas condenados por el procés.
La ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez da la razón a los populares que alegaron el derecho a la información de los parlamentarios, si bien fuentes jurídicas explican a EFE que el debate será largo y complejo e, incluso, es posible que la ponencia no cuente con los avales suficientes del bloque progresista y se acabe designando otro ponente.
El que no saldrá adelante será el recurso del PP contra el decreto ley relativo a los repartidores de plataformas digitales, conocido como la ley rider, que prohíbe que las plataformas digitales puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores.
En el último cónclave, Enríquez retiró su ponencia, que estimaba el recurso de inconstitucionalidad de Vox, al no contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante, de manera que el Pleno acordó que se delibere otro recurso del PP contra la misma norma, cuyo ponente es el magistrado Ramón Sáez, que desestime este recurso y avale la constitucionalidad de la ley.
Además, el tribunal de garantías tiene sobre la mesa el primero de los recursos contra las manifestaciones en el segundo estado de alarma durante la covid-19, que corresponde a UGT, y el recurso de Vox contra el real decreto para reducir la temporalidad en el empleo público.
También verá el recurso del Gobierno contra la norma impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que limita el acceso a la eutanasia a los personas con discapacidad tuteladas, junto a diversas peticiones de recusación contra varios magistrados de diversa índole, entre la que destaca aquella del expresident catalán Carles Puigdemont contra Cesar Tolosa y Concepción Espejel.
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