Los sindicatos de Policía piden que se restablezca la escolta al ex presidente de la AVT

La Confederación Española de Policía (CEP) ha registrado este jueves en el Ministerio del Interior un escrito en el que pide "el inmediato restablecimiento del servicio de protección" al ex presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz.

La CEP justifica su petición en la "certeza" de que Alcaraz sigue siendo "un claro objetivo de terroristas autóctonos y extranjeros por la responsabilidad desempeñada a cargo de la dirección de la AVT y el activismo desempeñado en pro de la defensa de las víctimas del terrorismo y contrario a cualquier política de concesión de beneficios o diálogo con terroristas".

Según la CEP, Interior avisó a Alcaraz el pasado lunes "a través de una comunicación en personal", de la "inmediata retirada" del servicio de protección policial que se le había otorgado en razón de su cargo. También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha pronunciado a favor de mantener el servicio de escolta a Alcaraz.

El SUP, también
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido que no se retire la escolta al ex presidente de la AVT y en un comunicado, el sindicato policial afirma que Alcaraz, "en función de su cargo y de su trayectoria, pertenece sin duda al grupo de los que debería llevar escolta aunque no la quisiera".

"Alcaraz reúne el perfil para ser objetivo terrorista, y no sólo de ETA, sino de cualquier otro grupo residual que quiera cometer un atentado contra una persona de relevancia social. Sobran cientos de escoltas a viejos políticos de los que no se acuerda nadie y falta la de Alcaraz", añade el SUP.

También la AVT considera que Interior "tiene que poner todos los medios que están en su mano para que aquellos amenazados por una banda terrorista se sientan protegidos y seguros de los zarpazos de la mayor lacra que tiene este país, el terrorismo".

"Mientras víctimas, asociaciones cívicas, periodistas y ciudadanos de bien se enfrentan al terrorismo, el Ministerio del Interior del Gobierno de España no garantiza a estas personas y ciudadanos su protección dejándoles sometidos todos los días al terror que les impone la banda terrorista ETA", señala la asociación en un comunicado.