El TSJM avala que la Comunidad de Madrid estableza su propio curriculo escolar

La Comunidad de Madrid tiene capacidad para establecer su propio currículo para la educación primaria en su territorio escolar, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJM desestima así el recurso contencioso-administrativo que el Abogado del Estado había planteado en noviembre de 2007 contra un acuerdo del Ejecutivo Autonómico.

El Ministerio de Educación ya ha presentado en el Supremo un recurso de casación contra esta sentencia.

El fallo del Tribunal detalla los argumentos contrarios a las pretensiones del Estado, que pedía la nulidad del acuerdo del Gobierno madrileño por "infracción procedimental esencial (falta de dictamen del Consejo de Estado)" y apuntaba una serie de "omisiones" en la elaboración de los currículos.

Un Real Decreto de 2006 regula los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para la educación primaria. La Comunidad de Madrid lo desarrolla el 10 de mayo de 2007, cuando el Consejo de Gobierno aprueba los nuevos currículos para educación primaria (de 6 a 12 años) y secundaria (12 a 16 años). En su argumentación, el TSJM señala que el currículo dispuesto por Madrid "cumple con creces los parámetros que, como enseñanzas obligatorias mínimas y para esa etapa educativa" marca la legislación.

Asimismo, destaca que "la metodología y la vertebración de tales principios en el concreto proceso educativo corresponde a la Comunidad Autónoma" y admite que esa vertebración "será probablemente distinta - sin que se difiera en las enseñanzas mínimas - en función del perfil sociológico de la Comunidad". Ese perfil sociológico "determinará la forma y el ritmo al impartir los contenidos, siempre que quede garantizado, al final de la etapa (educativa), el conocimiento de esas enseñanzas mínimas, uniformes para todo el territorio nacional".

Para el Tribunal el respeto al contenido básico del currículo no debe significar la transposición literal del Real Decreto de 2006 sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación para la educación primaria. Ese respeto pasa por "la articulación de esas enseñanzas mínimas obligatorias dentro del currículo que cada Comunidad Autónoma establezca, en uso de la competencia específica y legalmente atribuida".

En cualquier caso, hasta que se pronuncie el Supremo, han subrayado fuentes ministeriales, la Comunidad de Madrid debe cumplir su propio decreto. Esto implica cursar unos contenidos concretos de la asignatura Educación para la Ciudadanía ya que la norma autonómica, han insistido las fuentes, "no dice nada de aprobar con un trabajo o voluntariado".

Fuentes consultadas por EFE han indicado que el Ministerio "acata y respeta" las decisiones judiciales y han asegurado que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ya anuló la normativa de esta Comunidad por el mismo defecto de forma que, según entienden, se da en el caso de Madrid.