La incógnita son las elecciones. ¿Habrá elecciones otra vez o Pedro Sánchez se saldrá con la suya? Casi nadie se atreve a hacer un pronóstico seguro. Quizá sólo lo sepa Sánchez o quisiera saberlo, pues si lo supiera estaría ya convocada la sesión de investidura, que una presidenta partidista pospone al capricho del presidente en funciones. Creo que ni siquiera el delincuente Puigdemont lo sabe después del chasco de su consulta al Consell de la República - ¿qué divinidad es esa?, le pregunta un personaje de mi comedia El Procés- que le manda bloquear la investidura del susodicho. Duda si investirlo el PNV, duda PODEMOS, que se pelea con SUMAR, dirigido por una señora, a la que llaman doña Rogelia, Miss cohete, la besucona o la sonrisas, y que ha hecho un pacto con Sánchez muy adecuado para niños de 0 a 3 años, como le ha dicho Felipe González. Además, sólo E.H. BILDU, los discípulos del terrorismo, no han dudado un instante. Pero, pese a dudas y reticencias, parece que todos sus compinches van a pasar por caja para cobrar el precio que exigen para investirlo, pues según ellos es además “una oportunidad histórica” para destruir España. Aunque las exigencias de Puigdemont varían a cada rato, siempre giran en torno a lo mismo: liberarse del banquillo y referéndum, lo llame a este reconocimiento de “una minoría nacional”- ciertamente cada vez más minoría- o de “nación”. No es tonto el delincuente: a ver si Sánchez pica. Pues si se declara que Cataluña es una nación, ¿para qué quiere un referéndum de autodeterminación, que puede salirle rana, si se ha consentido que ya es una nación y como tal tiene derecho a la independencia. En todo caso, hasta un párvulo en derecho sabe que amnistía y referéndum sólo en una región son inconstitucionales. El presidente del TC debe saberlo también, a no ser que tenga alzheimer.
El silencio de Sánchez sobre la palabra tabú ”amnistía” es sintomático de que sabe que eso es inconstitucional, más aún que el indulto general, y que significa la destrucción de la democracia que requiere forzosamente la independencia del poder judicial y el acatamiento ciego de sus sentencias.
Trata de disfrazar aquellas palabras tabú por otras más livianas con ayuda del presidente del TC para engañar una vez más a los españoles como es su costumbre. Menos mal que el discurso velado del presidente del Supremo sobre lo necesario de la independencia judicial y la mala situación de la justicia así como el firme alegato del presidente de TSJ de Castilla y León, aplaudido por los jueces, en contra de las posiciones antijurídicas del sanchismo y los separatistas que atentan contra la constitución, la democracia y la unidad de España, dan alguna esperanza de que el poder judicial no va a permanecer callado ante su supresión perpetrada por Sánchez y sus esbirros. Hay que recordar que el PSOE de la Transición se ha levantado contra la usurpación por parte de aquel de unas siglas que, en compañía de otras, incluida la comunista, trajeron la democracia con cuarenta años de paz social que el partido sanchista, antipsoe, está poniendo en riesgo.
Todo este galimatías, que mantiene perturbado al país, se hubiera evitado si el rey Felipe VI hubiera ejercido con firmeza la competencia que le da el artículo 99 de la Constitución para impedir nombrar a Sánchez aspirante a la investidura, en una situación que el mismo texto legal le exige, entre sus pocas competencias, que “modere y arbitre”. Un rey que ha jurado la Constitución tenía argumento suficiente para impedir que quien pretende gobernar con quienes no tienen otro propósito que la ruptura de la unidad de España fuese nominado a la investidura. En caso de duda, una pregunta aclaratoria al TC no estaba de más. Pero de otro modo lo tenía más fácil. Si el referido artículo de la Constitución dice que propondrá a la investidura, “previa consulta a los grupos parlamentarios” y los grupos que decían apoyar a Sánchez no se presentaban ante el rey, no tenía ninguna posibilidad de ser nombrado sin saltarse la Constitución. La presencia ante el rey no es un capricho que se pueda evadir sino la exigencia de seriedad exigida a los partidos y al propio rey a la hora de nombrar a un aspirante. Si Sánchez no es investido sería una prueba de que no se hicieron bien las cosas, que era el propósito de los Constituyentes, que nunca imaginaron que la cerrazón antimonárquica de algunos partidos les llevara a despreciar al rey de esa manera. Pero a estas alturas de qué extrañarse si el último juramento de la Constitución por parte de algunos diputados del Congreso ha sido mendaz y estrafalario con el visto bueno de la Presidencia, pese a las protestas. Creo que en el nombramiento de Sánchez el rey no fue valiente y que Sánchez puede que lo chantajeara, al menos tácitamente, con la proclamación de una Confederación republicana que pretenden sus compinches de investidura. Por eso Felipe VI debe pensar en su bisabuelo Alfonso XIII para no seguir sus pasos. El rey es el jefe de las Fuerzas Armadas, a las que la Constitución atribuye “la defensa de la unidad territorial de España”. El partido sanchista y sus aliados son republicanos en su entraña y por ponerles buena cara no van a cejar en su empeño. Y la derecha puede tener paciencia, pero a lo mejor no tanta. Igual que en el 31, sobre todo la izquierda, dio un golpe de Estado tras unas elecciones municipales y proclamó la República lo vuelve hacer ahora y se queda tan fresca.
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