Era el tiempo en que creíamos que depositando nuestra confianza en nuestros gobernantes, nos devolverían en algún momento el favor de haberlos votado en forma de deber cumplido; era aquella la época, sí, en que a los sublevados se les llamaba simplemente sediciosos. Queda así, situada en el tiempo, una época española distinta y cada vez más distante. ¿Existía en realidad esa apelación justa a los deberes y derechos constitucionales por parte de sus señorías? Hoy, al alardear de comparación con aquel tiempo no tan lejano, cuando confiábamos a cierraojos en que un prófugo no podía convertirse por mor de una investidura en un interlocutor válido, temblamos ante la sola suposición de que, a partir de ahora, se subviertan valores como el respeto por el Estado de derecho.
El redactado final de la ley de amnistía es el traje a medida de la fiesta independentista con puños de difícil encaje legal. Pura fantasía entre PSOE y Junts, que incluye viajes a Bruselas para reunirse con Puigdemont y hasta un secretario de Organización del PSOE en el palacio engualdrapado de la capital belga, cambiando cromos con el expresidente de la Generalitat, para mayor solemnidad de la dichosa negociación. El constitucional era un pacto inalienable que nos asistió en 1978 para que nos entendiésemos después de cuatro décadas de dictadura, como un recurso servible durante toda la democracia. Pero la Universidad de la calle se ha terminado imponiendo: protestas, algazaras, lacitos amarillos y lágrimas secesionistas para mover a compasión al personal. Otros nacionalismos piden ya su dossier por comparación, el condonamiento de sus deudas y pecados.
Porque la Carta Magna nos daba conformidad y convivencia, las leyes nos hacían volver a casa de alguna manera más desbravados, sin ganas de romperle la cabeza al discrepante políticamente con un ladrillo. Ahora, tribunales rabiosos y espontáneos tuercen la norma, la ley, y plantean una amnistía –que será general o no será– impuesta por los inquisidores improvisados que proclamaron la república instantánea y efímera de Cataluña el 10 de octubre de 2017. Nuestro presidente en funciones creía, o hacía que creía, en la constitución y en la negativa a la concesión de la amnistía. En 2014, cuando Sánchez era secretario general del PSOE, dijo que Mariano Rajoy había utilizado “utilizado el indulto más de lo debido” y que “los indultos políticos debían acabar en nuestro país”. Más tarde, ya en octubre de 2019 y ante la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo, que condenó a nueve de los procesados en la causa especial 20907/2017 a entre nueve y trece años por delito de sedición, siendo presidente del Gobierno, aseguró que los líderes independentistas cumplirían su condena: “El acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento”, afirmó. En el mundo moral de las cosas, lógicamente, Sánchez produce consternación.
Pero hoy se ha dado cuenta de que el sillón de Moncloa es ancho y que tiene muy variadas situaciones y oficios, como el del mentiroso, uno de los más viejos del mundo. ¿Qué parte se ha vendido a cambio de la investidura esta vez? Nunca lo sabremos a ciencia cierta, en mitad de toda esta crispación y violencia especiosa y litigante. A quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, y vivamos sin ensañarnos con la actualidad política, confiando en los jueces de los tribunales más altos: conservemos como una vaga nostalgia aquellos tiempos cándidos, esa idea del feliz desenvolvimiento de la vida que tanto les molesta a algunos, conocedores de que con nuestro enfado permanente vienen a llenar un vacío. No se atrevió el siglo XXI español a colocar un candidato más idóneo para gobernarnos y nos fuimos acostumbrando a la nueva incertidumbre, familiarizándonos con quienes ayer vimos como delincuentes, con la osadía y el dominio del alma falaz, de quien afirma seduciente para negar a renglón seguido y a conveniencia entre un cierre de dientes presidenciales cada vez más apretados.
Si (
No(
