¿Nadie es capaz de parar el golpe a la democracia de Sánchez y Puigdemont?

La Judicatura en pleno, todas las Asociaciones Judiciales (incluida la izquierdista Jueces para la Democracia), todas las Asociaciones Fiscales y el propio Consejo General del Poder Judicial han mostrado su rotundo rechazo al pacto de Sánchez y Puigdemont por atentar contra la Constitución, aniquilar la separación de poderes y, en fin, destruir el Estado de Derecho. Asimismo, los políticos que todavía defienden la Constitución, como muchos socialistas, los empresarios (con la CEOE a la cabeza), los medios de comunicación independientes y la inmensa mayoría de los españoles han denunciado la ilegal y sucia maniobra del PSOE por ceder a las exigencias del prófugo de Waterloo. Pero nada ni nadie parecen capaces de frenar el golpe a la democracia, a la libertad y a la igualdad de los españoles que se avecina; para empezar, con la aprobación de una ley de amnistía, la negociación de un referéndum de autodeterminación y el llamado “lawfare”, que equivale a que los socios de Sánchez, en especial los secesionistas, desmonten en el Congreso las sentencias de los tribunales que les molesten.

El Gobierno, así, ha terminado de desguazar la maquinaria del Estado que logró frenar el golpe que intentaron dar los secesionistas catalanes hace apenas 6 años. Peor aún, ha permitido que Puigdemont aseste ahora ese golpe de Estado impunemente.

Hay que recordar que, entonces, tras la declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán, el Gobierno del PP, el PSOE, Ciudadanos, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la mayoría de los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad, las principales empresas catalanas, millones de ciudadanos con sus manifestaciones en defensa de la unidad de España; esto es, el Estado español en su conjunto desbarató la ilegal y anacrónica pretensión de los soberanistas catalanes.

Pero ahora el PSOE se ha rendido ante Puigdemont, el delincuente que su propio líder, Pedro Sánchez, prometió detener y traer a España para que diera cuentas ante la Justicia. El Tribunal Constitucional está controlado por Conde Pumpido, un lacayo del presidente en funciones, que autorizará sin pestañear la ley de amnistía y, llegado el momento, la celebración de un referéndum de autodeterminación.

España entera asiste impotente a una maniobra del populismo socialcomunista aliado con los secesionistas que destruirá las bases de la convivencia creadas en la transición democrática. Y, si prospera, los derechos y libertades conseguidos durante los últimos 45 años serán aniquilados durante la legislatura del Gobierno Frankenstein al cuadrado. Nuestro país se parecerá más a las dictaduras de Cuba o Venezuela que a las democracias occidentales. Y, por lo que parece, a pesar del clamor de la Justicia, de buena parte de los políticos y de la inmensa mayoría de los españoles nadie es capaz de evitarlo. Ni siquiera la Judicatura que, por ahora, se limita a emitir unos rotundos comunicados de repulsa.