PSOE y Sumar rechazan que el Congreso solicite informes sobre la amnistía al CGPJ y el Consejo Fiscal

PSOE y Sumar han hecho valer su mayoría en la Mesa del Congreso para rechazar que se soliciten informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre la proposición de ley de la amnistía a los encausados del 'procès', tal y como ha pedido el PP, que insiste en frenar la tramitación de la ley en el Parlamento.

Cuando quedan pocas semanas para que el pleno del Congreso debata la toma en consideración de la proposición de la polémica norma que ha servido a Pedro Sánchez para revalidar gobierno con los votos de Puigdemont, los populares siguen tratando de paralizarla antes de ese debate, tanto solicitando informes de los poderes judiciales que puedan "despejar dudas o aclarar términos" como solicitando la reconsideración de la iniciativa.

Fuentes populares han reiterado que aunque se trata de una proposición de ley registrada por un grupo parlamentario, el del PSOE, es una iniciativa de "las más controvertidas y discutibles" que entran en la Cámara, por lo que debería ir acompañada de dichos informes.

Desde la Mesa, el PP recuerda que el ministro de la Presidencia y nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló precisamente que se trataba de un "proyecto de ley que se vehiculizaba a través de una proposición de ley", y consideran que esta afirmación conlleva el reconocimiento de que "ha sido elaborada por el Gobierno". Afirman que los proyectos de ley son acompañados de sus informes preceptivos del Poder Judicial y fiscal y que en este caso debería ocurrir igual.

Además, han criticado que el Ejecutivo vete una proposición de ley sobre la ELA registrada por Vox argumentando que hay aumento de gasto o disminución de ingresos, cuando la nueva ley de amnistía también supondría esa misma disminución de ingresos al eliminar la presunta "responsabilidad contable" de más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, a los que el Tribunal de Cuentas reclama entre 3 y 5 millones de euros.

Por otra parte, la reconsideración de la admisión a trámite que ha registrado el PP para intentar paralizar la tramitación de la ley de amnistía dará su último paso en la Junta de Portavoces, que será la que deba pronunciarse de cara a los próximos plenos.

Con toda probabilidad, la mayoría de los portavoces de la Cámara representados en este órgano rechazará esta reconsideración, por lo que al PP ya solo le quedaría la vía del tribunal contencioso administrativo o del Tribunal Constitucional para frenar la norma en el Congreso.