Tras una maratoniana negociación de 36 horas, las instituciones europeas han acordado al fin la primera gran ley de Inteligencia Artificial (en adelante, IA). La norma, pionera a nivel global, nace con el objetivo de poner coto a esta tecnología disruptiva y revolucionaria, que ya está cambiando el mundo, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La nueva normativa clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo. Los de riesgo inaceptable, considerados amenazas, han sido prohibidos e incluyen manipulación cognitiva, puntuación social y sistemas biométricos en tiempo real. Los de alto riesgo, divididos en dos categorías, se aplican a productos específicos y a ocho ámbitos, con evaluaciones antes de comercialización y durante su ciclo de vida.
Uno de los puntos más destacados es la regulación de los modelos fundacionales, como los utilizados por sistemas como ChatGPT de OpenAI. Cuando Bruselas propuso la ley en abril de 2021, esta tecnología no estaba en el punto de mira, pero su impacto en la sociedad ha llevado a la UE a buscar maneras de incluirla, generando fricciones entre las instituciones comunitarias. Desde ahora estos sistemas deberán especificar si un texto, una canción o una fotografía se generó mediante IA. Además, deberán ofrecer garantías de que los datos utilizados para 'entrenar' estos sistemas respeten los derechos de autor.
Otro foco de discordia ha sido el de la categorización biométrica en tiempo real en espacios públicos. Los Estados miembros han defendido su utilización, previa autorización judicial, para casos tasados, como el terrorismo, el abuso sexual o la protección de infraestructuras críticas, algo a lo que la Eurocámara se ha opuesto enérgicamente, argumentando que violaría los derechos fundamentales. Finalmente se ha prohibido su uso, siempre y cuando se base en características sensibles, como las creencias políticas, religiosas o filosóficas, la orientación sexual o la raza.
La norma prevé sanciones muy importantes para los individuos o empresas que hagan un uso indebido de la IA. De hasta 30 millones de euros en el primer caso y de hasta el 6% del volumen de negocio total anual mundial del ejercicio financiero anterior, en el segundo.
Aunque se espera que la ley no entre en vigor hasta 2026, la UE creará de forma inminente un Comité Europeo de Inteligencia Artificial, compuesto por las diferentes autoridades nacionales de supervisión, como la AEPD española. Este nuevo organismo se encargará de coordinar y asesorar a los distintos países y a la propia Comisión en materia regulatoria.
Con todo, la tecnología de IA está en constante evolución y la legislación promete ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios y desafíos futuros. La ley de IA de la UE no sólo supone un hito para Europa, sino que también puede influir en legislaciones en todo el mundo. En un clima de decadencia institucional, pérdida de importancia en el tablero geopolítico mundial y creciente desconfianza de los ciudadanos, el Viejo Continente tiene ante sí la oportunidad de liderar el camino mundial hacia una regulación ética y equitativa de la IA.
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