El viaje de Calígula al Caribe

No hay chantaje de Puigdemont. Lo que hay es una elección: una elección consciente y calculada de Pedro Sánchez para incrementar su poder.

La idea del chantaje secesionista es una coartada de la propaganda del PP, verosímil y comprensible, pero incierta. En la psicología del chantajista subyace la certeza de un castigo o premio de tal envergadura que el chantajeado no pueda afrontar o rechazar el envite: en nuestro drama político, los siete votos de Puigdemont que Calígula requirió para ser investido y necesita para permanecer en el poder. En esa parte, se cumple uno de los términos de la extorsión. Pero, ello no completa el requisito de la coacción. Falta un segundo elemento, central para cerrar el círculo del chantaje: que la capacidad coactiva del chantajista carezca de respuesta posible, en relación a la situación u objetivos del chantajeado. En suma, la operación de chantaje, para resultar verosímil y efectiva, exige que el chantajeado perciba la extorsión a la que se ve sometido como una propuesta que carece de alternativa posible. Si hay opciones, el filo de la coacción queda irreparablemente mellado. Si hay otras alternativas disponibles, no hay extorsión creíble. Puede haber presiones, pero eso es cosa de naturaleza diversa, compatible con negociaciones que llevan a las partes a una determinada elección y solución. Pero, en un escenario donde hay una elección posible entre una o varias alternativas, no cabe el chantaje stricto sensu.

Aunque haya sido un terreno inexplorado, es evidente que Calígula tenía otras alternativas para lograr su objetivo. Para empezar, una suerte de Grosse Koalition con el Partido Popular, en la que podrían barajarse diversas variantes en forma y tiempo. Un acuerdo de legislatura de mínimos que proyectaría dosis de tranquilidad y daría enorme estabilidad. O bien –y es más una variante complementaria que incompatible- una división temporal del poder: en que, por turno, uno ocupa la Presidencia del Gobierno, mientras el otro preside el Congreso, y viceversa: empezando por el PP, como partido más votado, pero sabiendo que Feijóo no podría traicionar el turno pactado, porque a Sánchez siempre le quedaría la posibilidad de reditar un voto de censura Frankestein; una bala de plata que no está al alcance de su rival. Ni que decir tiene, que un pacto de estabilidad entre los dos grandes partidos contaría con un apoyo parlamentario arrollador en ambas Cámaras, reflejo de una cobertura electoral de unos 15 o 17 millones de votos. Y, como le ha puntualizado Manfred Weber a Sánchez en Estrasburgo, esa coalición centrada, si que sería una forma más que efectiva de aislar a los extremos, Vox incluido, amén de los populistas, comunistas y secesionistas, que componen la tribu más extremista de la política española.

Sin embargo, es precisamente ese baratillo de radicales de derecha a extrema izquierda, el que Calígula ha elegido y prefiere, porque su precariedad electoral les hace mucho más dependientes del autócrata que al revés: ellos –podemitas y comunistas, más secesionistas, en sus diversas variantes y grados de neurosis identitaria, incapaces de movilizar siquiera a 2 millones de electores- si que carecen de alternativa, fuera de la libido dominandi del psicópata. Se trata, en suma y, en buena parte, de componentes reacios a respetar acuerdos e inasequibles a cualquier transacción, y a los que deberíamos resistirnos a llamar “Progresistas”, aunque sólo fuera por respeto histórico a unas siglas que, durante más de un siglo, enarbolaron el principio de la soberanía nacional… española.

No obstante, y aún admitiendo –que no es mi caso- que comunistas y podemitas lenino-peronistas tengan algo de progresistas, los corifeos del sanchismo van a tener que explicarnos detenidamente en qué literatura socialista se inspiran para considerar que nómina tan sumamente reaccionaria como es la del secesionismo vasco y catalán constituya la argamasa del “muro” frente a la extrema derecha ¿De veras? ¿Más extrema todavía que los nacionalistas de Bildu, herederos del terrorismo euko-nazi, por un lado, y del carlismo, por otro, o del clericalismo catalanista acullá? ¡Menudo cartel de feria “progresista” nos presentan! Por eso, esta coartada fundamental del sanchismo, dizque progresista, no resiste el espejo de su propia coalición. El segundo elemento del pretexto sanchista, (que viene envuelto en la idea de pactar con el inculpado su propia amnistía, a cambio de los votos de investidura), es la de la calmar la voracidad de la fiera nacionalista (del cocodrilo, que era la alimaña elegida por Churchill) con una dieta de concesiones. Un punto desmentido por toda la literatura del “apaciguamiento”, (que es copiosa desde 1938), y sobre el que Feijóo tiene toda la razón: los nacionalistas serán radicales y extremistas, pero no engañan. Ni el indulto, en la pasada Legislatura, ni hoy la amnistía, ni mañana el referéndum, ni tampoco las concesiones económicas, por cuantiosas que sean, les han movido un milímetro. Nunca estarán satisfechos: las concesiones no han saciado su voracidad; al revés, han despertado su apetito. Y, lo han dejado muy claro: cuando se tercie, “lo volverán a hacer”.

En todo caso, se trata de un revuelto político tan diverso y contradictorio, tan opuesto entre sus partes, competidores, con frecuencia por el mismo espacio electoral, que no resulta fácil de manejar, incluso para un personaje tan mendaz y desprovisto de principios, que ha sido capaz sin despeinarse de sacrificar un partido social-demócrata, igualitario e internacionalista en los fogones del nacionalismo desigual y supremacista, cuando no racista, y hasta clerical, en muchas de sus partes, historia y convicciones. Hay, empero, un hilo común que zurce tan heterogéneo y variopinto conglomerado: la determinación de dar al traste con lo que ellos llaman el “régimen del 78”, empezando por la Constitución. No resulta sencillo determinar –ni reducir a un programa coherente- lo que tropa tan radical como contradictoria nos propone, en lugar de un sistema consensuado y votado masivamente, entonces, y aceptado hoy muy mayoritariamente. Por reiteradas declaraciones, parece claro que cuestionan el principio de la soberanía nacional española (lo único indiscutido desde 1812), propugnando una constitución republicana confederal. Según las leyes golpistas de desconexión de 2017, y el documento firmado entre Junts y el sanchismo antes de la amnistía para aparejar los votos de la investidura, la idea es engrilletar la judicatura, imponiendo una arquitectura política sin separación de poderes ni contrapesos.

No es un camino fácil. Para empezar, desconocemos lo que sería más relevante: cuánto de ese despeñadero está dispuesto a recorrer el sanchismo. Sabemos que Calígula tiene prisa en ingerir las siguientes dosis de ricino (cita con el prófugo en el extranjero y referéndum) en un intento de evitar se le indigesten las próximas citas electorales, europeas y autonómicas. Y, desde su punto de vista, tiene razón. Dicho lo cual –y en esta deriva contra la democracia liberal parlamentaria- parece poco verosímil un ataque directo a la Constitución que choque de frente con el artículo 168 de la Carta Magna, más allá de lo que hemos experimentado hasta ahora y de lo que se explicita en el “Acuerdo PSOE-JUNTS”. Lo probable –aunque la experiencia nos indica que con este megalómano cualquier cosa es posible- es que la política sanchista discurra en un sentido inverso al que conocimos entre 1975 y 1978. A saber, en lugar, de caminar “de la ley a la ley”, para desmontar la dictadura e instaurar la democracia, como se hizo entonces con acierto y fortuna, ahora, por el contrario, llevamos tiempo progresivamente enfangados en una ciénaga que nos conduce de “la ley a la ley”, pero para desmotar la democracia y sumirnos en un régimen autoritario: détournement de pouvoir, lo llaman los administrativistas franceses.

¿Un golpe de Estado?, nos asegura Abascal. Sin embargo, tal afirmación, en el sentido más común del término, me temo que lleve a confusión. Porque, el término «golpe» –en el sentido genérico, aun cuando impreciso del término– arrastra una pesada carga semántica que lo asocia a movimientos reaccionarios, a pesar de que el intervencionismo militar en la Europa del siglo XIX tuvo un sesgo marcadamente izquierdista. Quizá –y si elegimos argumentar con una retina de izquierdas– deberíamos dejar de «llamar golpe militar a lo que no nos gusta y revolución a lo que nos gusta», escribía Mario Cattaneo en 1960. Parafraseando a Colmeiro, la verdad es que tanto golpe como revolución «pertenecen al género de palabras apasionadas». En realidad, color político y morfología, malamente pueden camuflar el hecho de que, golpe y revolución, son dos formas políticas coactivas estrechamente conectadas, por activa o por pasiva, que tienen un punto común básico: la quiebra del principio de legalidad (Kelsen), o todo «cambio ilegal de las condiciones de legalidad». Quizá, por esa misma razón, Gabriel Naudé (el astuto bibliotecario del cardenal Mazarino) prescindió de adjetivar los fines, centrando su análisis en los medios, de modo que las políticas extraordinarias del coup d’état serían «a-normales»; esto es, arbitrarias: aquellas en las que «la sentencia precede al juicio». ¿Acaso hay forma más exacta de definir la política a que nos arrastra nuestro Calígula?