El Rey, Sánchez y la amnistía

Hay dos posiciones jurídicas, y también políticas, acerca de la actitud que el Rey debiera tomar o haber tomado en la encrucijada sanchista que supone una crisis nacional. Una posición afirma que el Rey no ha podido hacer nada para impedir la investidura de Sánchez ni tampoco puede hacer ya nada después. Creo que esta posición deriva de una lectura parcial, incluso interesada, de las funciones que la Constitución atribuye al Rey, que según esta interpretación son meramente simbólicas y que, según feliz expresión de Jesús Palacios, serían propias de Un Augusto Cero a la izquierda. Lo mismo dicen quienes mantienen que el Rey debe mantenerse neutral. ¿Neutral ante quienes pretenden la ruptura de la democracia, la Constitución y la integridad territorial de España, cuyo mantenimiento el art.8 de la Constitución asigna al Rey, como jefe de las Fuerzas Armadas, y que ha jurado defender con ellas? No puede ser. Porque si el Rey fuera neutral, un Augusto Cero, no podría jurar la Constitución cuya defensa se le encarga. Es una verdad de Perogrullo. Pero entonces los partidarios de la primera posición o tienen que reconocer esta verdad o admitir que la pugna de interpretaciones obedece a contradicciones de la Constitución no resueltas que provienen del intento republicano de hacer del Rey un Cero Augusto, sin las atribuciones de un Jefe de Estado y del intento monárquico de hacer de él la Primera Autoridad Competente del Estado.

La consideración del Rey como un Cero a la izquerda se basa fundamentalmente en el art. 64, que se repite en otros, según el cual lo hace irresponsable de sus actos porque estos tienen que ser. necesariamente refrendados por una autoridad gubernativa. Total absurdo si tal autoridad da un golpe de Estado encubierto, pero en realidad revolucionario, como es la amnistía a separatistas golpistas sin arrepentimiento alguno. En cuyo caso, el Rey y el pueblo, reventadas ya las costuras normativas democráticas por el Poder, tendrían derecho a que se aplicara el art. 8 de intervención del ejército para convocar elecciones, previa aplicación por parte del Senado del art. 155 de la Constitución por tiempo indefinido e incapacidad de los partidos separatistas para presentarse a elecciones sin previa renuncia a la independencia. Porque cuando se ha demostrado que no se trata sólo de ideas sino de la tozudez

de llevarlas a la práctica del modo que sea, con la ayuda de un personaje y un partido megalómanos, porque es lo propio de una idea política, entonces no caben medias tintas sino la aplicación entera de la Constitución para no tener que ver que la historia se repite. Y los separatistas aprovechan esa vergonzosa debilidad del Estado, que por primera vez encuentra en él sus cómplices hasta un grado inaudito. Lo que no puede ser es que el Rey también pueda ser un cómplice de la destrucción de España.

Por eso, la otra posición a que nos referíamos, implica al Rey en la resolución del conflicto cuando dice que arbitra y modera y, aunque no se sepa muy bien en qué consiste, al menos algo sí tiene que significar. Porque ¿cómo puede tener el Rey la cantidad de funciones que le atribuye el art. 62 de la Constitución y privarle por completo de iniciativa en la situación tan grave que vive España, por muy disimulado que sea el golpe de Estado de Sánchez? Se ha repetido bastante que la decisión real de proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura no era inevitable, pues desde luego el artículo de la Constitución referente a ello no obliga a nada al Rey y casi es la única función que le permite una cierta libertad, más aún sabiendo los propósitos inconstitucionales de Sánchez y todavía más la decisión de los partidos que lo apoyaban de no acudir a la cita obligatoria con el Rey, cita que es necesaria y no un mero capricho, pues la razón para ello en que estaba pensando el Constituyente, que nunca llegó a suponer que la deslealtad de unos individuos que cobran un salario público llegara a tal extremo, era que el Rey supiera de primera mano los apoyos con que cuenta un candidato. Esto ha sido suficiente para que se declare la ilegitimidad de la presidencia de Sánchez, que empezó no cumpliendo la Constitución. Motivo evidente, según muchos, para que el Rey no lo hubiera nombrado. Y es que, como vulgarmente se dice, el Rey, no se sabe obedeciendo a qué clase de presiones o amenazas, puso la carreta delante de los bueyes, pues no se nombra candidato a alguien para que busque apoyos sino porque los tiene ya, de lo contrario carecería de sentido la cita de los partidos con el Rey. Y es eso lo que hizo la Presidenta del Congreso con Sánchez, esperar el tiempo que necesitase para sus negociaciones, lo que no ocurrió con Feijóo, al que se le dio un tiempo tasado. De paso diré que el Constituyente fue un tanto ingenuo, pues debía de haber previsto que en caso de duda sobre el carácter constitucional del programa de un candidato pactado con golpistas el Rey consultara al TC sobre ello. Y un error del Constituyente mucho más grave es el que permite el autogolpe de

Estado con toda tranquilidad. Así el art. 102 de la Constitución, que nunca se cita, dice que para que un Presidente sea condenado por traición se necesita mayoría absoluta del Congreso, que es lo que suele permitir que alguien gobierne, lo que hace imposible la condena de quien da un golpe de Estado, o sea cambia la Constitución de tapadillo, para lo cual, paradójicamente, otro artículo exige dos tercios. Qué duda cabe que la Constitución necesita una reforma, pero desde luego sólo cuando desaparezca el partido sanchista y halla un partido socialdemócrata normal. Ahora mismo ha sido un error de Feijóo reunirse con un Presidente acorralado por todas partes.

En cuanto a la ley de amnistía de Sánchez no es sólo que sea inconstitucional- hasta el más lego en derecho lo sabe-, sino sobre todo la razón esgrimida para ponerla en práctica es demencial. No por ninguna pacificación de nada, lo que lógicamente exigiría un consenso con la oposición y la aprobación del pueblo, puesto que instaura la desigualdad en él, sino sólo porque Sánchez necesitaba siete votos para ser Presidente y las condiciones de la misma las ponen los propios delincuentes amnistiados, que no se arrepienten de nada y que además acusan de prevaricar a los propios jueces y los someten a comisiones de investigación, saltándose la división de poderes, o sea la democracia. Los políticos juzgando a los jueces: el mundo al revés. Es tan escandaloso el asunto que esto es sobre todo lo que tiene que tener en cuenta Europa y condenar la ley sin paliativos, y no si una amnistía en general es permisible o no. En todo caso Europa no debiera acostumbrarse a castigar a los ciudadanos por las tropelías de un gobierno y quienes lo sostienen, sino ir directamente a por los bienes de estos.

Hay quienes comparan los proceso dictatoriales emprendidos por Sánchez con los de Maduro y los del grupo de Puebla, pero lo del español es mucho más grave, porque su pretensión es acabar no sólo con la democracia sino con la integridad territorial del país. En la historia no se ha visto nunca que un dictador pretenda acabar con su nación, sino quizá expandirla. Porque reparar los estragos de una dictadura no es tan difícil, pero reunificar una nación destruida es casi imposible. Y esta es la mayor perversión de Pedro Sánchez, ante la cual produce alarma el silencio de los colegios profesionales de psiquiatras, por no decir también el de las distintas Academias Nacionales y otras Instituciones.