Indignación en el CGPJ por los "inaceptables" insultos de los socios del Gobierno a los jueces

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha hecho un nuevo llamamiento a los representantes públicos a no cuestionar la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial: "Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder se guía por el principio de legalidad", ha dicho Guilarte durante su intervención en el acto de inauguración del curso 2024-2025 de la Escuela Judicial.

"Permitidme que una vez más, y lamento ser cansino pero más lo son ellos, haga referencia a lo sucedido ayer en el Congreso. Amén del sainete y en lo que nos afecta, volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial", ha denunciado Guilarte. "No deben olvidar que también ellos, quienes nos insultan, son parte del poder legislativo de un Estado que los acoge y les brinda su tribuna. La lealtad institucional debiera llevarles al respeto de la independencia judicial y de separación de poderes que yo intento preservar desde lo nuestro frente a lo suyo, pero sin que me sea posible ante sus constantes injerencias", ha agregado.

El presidente del CGPJ ha hecho un "baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del poder judicial cuyo proceder se guía por el principio de legalidad". "Y lo que no guste deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores: es la arquitectura básica que inspira un Estado de Derecho que les permite ocupar la tribuna que utilizan desviadamente para cuestionar desde el insulto al Poder Judicial", ha zanjado..

Petición de pleno extraordinario

Este mismo miércoles nueve vocales del CGPJ han solicitado a Guilarte que convoque, con carácter "urgente", un pleno extraordinario por los ataques de los socios parlamentarios del Gobierno en el debate de la ley de amnistía, "ante la aquiescencia y mutismo" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"Jueces prevaricadores", "de partido", con "dotes telepáticas", "acusaciones delirantes"... Los socios parlamentarios del Gobierno cargaron este martes contra los magistrados que juzgaron o aún investigan actuaciones del "procés" con tres nombres propios: Manuel Marchena, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre.

Una vez más, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, fue la más dura al citar a García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el "caso Volhov" y aseguró que su formación asume "toda la responsabilidad" ante lo que diga la justicia europea. "Allí no hay Marchenas, no somos terroristas", recalcó.

Los nueve vocales que lo han solicitado son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz, Wenceslao Olea y Ángeles Carmona.

Tan solo incluyen una cuestión a tratar en el orden del día, que es el "pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas ayer, 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta de las Cortes".

Adjuntan, además, las manifestaciones recogidas en los medios y acompañan su petición con la declaración institucional aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente del pasado día 19 de enero. Aquel día, la Comisión Permanente mostró su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez Manuel García-Castellón.

Ribera dijo en una entrevista que García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", después de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.

La Comisión Permanente sostuvo que esas palabras merman la confianza de los ciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, por lo que "merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".