El informe preliminar critica con dureza que se cite a jueces en el Congreso: "No deberían de estar obligados a informar sobre el fondo de sus casos a nadie ajeno al Poder Judicial".
La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, ha emitido un informe preliminar sobre la ley de amnistía en el que objeta el proceso de urgencia que se ha tomado para su tramitación, advierte de que no debe impedirse la revisión judicial de la ley en caso de una eventual inconstitucionalidad y critica con dureza que se llame a jueces a comisiones parlamentarias.
La Comisión de Venecia inició el estudio de la ley de amnistía tras la petición del PP a través de su mayoría en el Senado. Desde el Consejo de Europa recalcan que no se trata de un informe definitivo y que el texto se someterá a debate el 15 y 16 de marzo antes de llevarlo al pleno donde se aprobaría.
La delegación de la Comisión de Venecia viajó a España el pasado 8 de febrero para reunirse con los grupos parlamentarios en Congreso y Senado, expertos constitucionales y asociaciones judiciales con la misión de recabar información para este informe.
Advierte de que la función de este órgano no es intervenir en el debate político, pronunciarse sobre la conveniencia de la proposición de ley, ni sobre su idoneidad para lograr el objetivo declarado, "ya que se trata de decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento españoles".
En este borrador se incluyen tres recomendaciones que dejan entrever las dudas de la Comisión. Primero, que se debe definir de manera más precisa el alcance tanto material como temporal de los hechos a amnistiar. Segundo, pide reforzar las conexiones entre los delitos relacionados con el referéndum y los actos de corrupción y malversación que se incluyen. Y tercero, reclama que se elimine el criterio de que haya una sentencia firme para excluir los delitos de terrorismo.
También añaden dos objeciones en las que critican el uso del trámite por vía de urgencia de la ley, "con consulta limitada al público, a las partes interesadas y a otras instituciones estatales que ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad española" y anima "a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de lealtad cooperación entre las instituciones estatales, así como entre Gobierno y oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y considerar la exploración de procedimientos de justicia restaurativa".
Por otro lado, solicita que no se impida la revisión judicial del proyecto en caso de una eventual cuestión de inconstitucionalidad que paralice la aplicación de la ley. En este sentido, la Comisión de Venecia recalca que no se pronunciará sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, "que es una cuestión que en última instancia debe decidir el Tribunal Constitucional".
La Comisión de Venecia se ha mostrado más vehemente contra la revisión de causas judiciales en sede parlamentaria y señala que "los jueces no deberían estar obligados a informar sobre el fondo de sus casos a nadie ajeno al Poder Judicial" e insiste que "las comisiones de investigación creadas por el Congreso de los Diputados no pueden pretender exigir que los jueces les informen, en particular sobre el fondo de los casos que han decidido".
El borrador avala la posibilidad de una ley de amnistía siempre que cumpla con los requisitos de legalidad, respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir con claridad los actos amnistiados y las excepciones, una tramitación que permita debate y participación y respeto a la independencia del poder judicial.
Señala que en general las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política, unos "objetivos legítimos que deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes", entre los que apunta la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos.
Respecto a la proposición concreta registrada en el Congreso, la Comisión señala que no afecta a la separación de poderes, ya que deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos conforme a la norma.
Moncloa considera que avala la ley y el PP, lo contrario
Pese a todas estas apreciaciones, desde Moncloa aseguran que la Comisión de Venecia avala la legalidad de la ley de amnistía y subraya que no afecta a la separación de poderes. Según Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la amnistía "es impecable y es positiva".
Para los populares, el Gobierno pretende, con su interpretación del documento, convertir una derrota jurídica en un debate en el barro mediático, ya que la Comisión cuestiona varios puntos de la ley y sostiene que una amnistía no es contemplada por la Constitución Española.
El PP interpreta que el borrador de la Comisión considera necesaria una reforma constitucional y rechaza la tramitación mediante proposición de ley porque durante el procedimiento de tramitación se deben recibir informes, contar con la participación social, escuchar y nunca hacerlo por urgencia.
Asimismo, añaden las fuentes, del borrador de la Comisión se desprende que una ley de amnistía requeriría de tiempo para su redacción y, entre otras cuestiones, es "indeterminada en el objeto y el tiempo", por lo que es contraria a los principios de seguridad jurídica y legalidad penal.
En este sentido, el PP destaca que el órgano europeo ha dicho que la amnistía no puede extenderse al futuro y que los delitos de malversación y corrupción están mal definidos en el anteproyecto que está en el Congreso.
También señala que una ley de esta naturaleza no se puede hacer para personas concretas y que busca cubrir delitos que nada tienen que ver con las tensiones sociales por las que se busca una amnistía.
Según los populares, la comisión tampoco entra en la división de poderes de España "por ser un asunto de la constitucionalidad" de un país.
En conclusión, las fuentes del PP interpretan que el borrador de la Comisión, a la pregunta de si puede haber leyes de amnistía, dice que en Europa las hay y que, en caso de que la hubiera en España, esta no cumple los estándares de la Comisión de Venecia.
Si (
No(
