El adelanto electoral en Cataluña obliga al Gobierno a renunciar a los Presupuestos para este año

Día negro para Pedro Sánchez. Si el jefe del Ejecutivo no las tenía todas consigo debido a la celebración este año de los comicios vascos -el próximo 21 de abril- el anuncio del adelanto al 12 de mayo de las elecciones en Cataluña ha supuesto un auténtico torpedo para sus planes en 2024.

Si hasta ahora Junts y ERC han tratado de exprimir al máximo la debilidad parlamentaria del PSOE para rentabilizar al máximo los escaños tan anhelados por Sánchez, era de esperar que sus exigencias se volviesen aún más maximalistas de cara a la campaña electoral, algo que sin duda sucederá también en el País Vasco. Para evitar, el menos temporalmente esto, el presidente del Gobierno ha decidido no presentar el proyecto de ley de presupuestos del Estado para el presente año y trabajar para presentar las cuentas del Estado de 2025.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de la decisión de Sánchez, una posibilidad que había avanzado ya la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, al reconocer que el adelanto de las elecciones catalanas alteraba el tablero político y podía suponer que no hubiera una nuevas cuentas del Estado este año.

Sánchez había venido expresando su convencimiento de que habría presupuestos este año, pero tras el movimiento electoral en Cataluña asume que conllevaría un retraso notable en las negociaciones y, por tanto, en la aprobación en su caso de los presupuestos. Por tanto, ha renunciado finalmente a ello y ha apostado por un retraso de unos meses en el diálogo con los grupos para lograr ya que puedan salir adelante los de 2025.

Las fuentes del Gobierno han asegurado que el hecho de que no haya presupuestos no afecta para nada a la estabilidad de la legislatura y a la determinación de Sánchez de agotarla y que se extienda por tanto hasta 2027.

9.905 millones de fondos europeos

La renuncia a los Presupuestos de 2024 supone que Hacienda tendrá que aclarar cómo va a presupuestar los 9.905 millones de fondos europeos previstos para este año, según se había avanzado en la presentación del techo de gasto.

También está a la espera una eventual revalorización del indicador público de renta a efectos múltiples (Iprem), que sirve para calcular diferentes ayudas y prestaciones y que actualmente está en 600 euros, y el anunciado ajuste del IRPF para evitar que quienes cobren el salario mínimo o menos tengan que pagar el impuesto.

Asimismo, quedan pendientes algunos de los compromisos económicos adquiridos durante las negociaciones de investidura con los diferentes grupos parlamentarios, que se iban a materializar en los Presupuestos pero que podrían articularse en otro tipo de normas.

Pensiones y salarios públicos asegurados

Sin embargo, muchas otras materias que suelen figurar en los presupuestos ya están resueltas, como las pensiones o el sueldo de los empleados públicos.

En enero comenzó a aplicarse la subida del 3,8 % de las pensiones, del 6,9 % para las mínimas y no contributivas y del 14,1 % las de viudedad con cargas familiares al equipararse a la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo.

También subió el ingreso mínimo vital (en un 6,9 %, hasta los 604,38 euros mensuales) y la nueva base máxima de cotización (un 5 %, hasta los 4.720,5 euros mensuales).

Esta misma semana, el Gobierno ha explicado que la subida salarial pactada con los empleados públicos para este año, del 2 %, se aprobará como enmienda a la ley de medidas antiinflación, actualmente en tramitación en el Congreso.

Novena prórroga presupuestaria de la democracia

La prórroga de los presupuestos de 2023, en vigor desde el 1 de enero, es la novena de la democracia, tras las de los años 1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018, 2019 y 2020, y no es la primera vez que unas cuentas prorrogadas se mantienen durante todo el ejercicio.

Las cuentas de 2018, elaboradas por un Gobierno del PP y aprobadas ya con el PSOE en el poder tras la moción de censura, se prorrogaron dos años consecutivos, algo que no había ocurrido nunca hasta entonces, y estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020.

En dos ocasiones (1995 y 2019) la convocatoria de elecciones anticipadas fue consecuencia del rechazo por parte del Congreso de las cuentas del Estado, situación en la que se da por acabada la legislatura para el Gobierno de turno.