Pues no. No doy crédito. No doy crédito a que, cuando estamos en la peor encrucijada de nuestra democracia y en puertas de unas decisivas elecciones en Cataluña de las que va a depender nuestra supervivencia como ciudadanos libres e iguales, estemos asistiendo a un espectáculo grotesco en el que lo que importa es el chiringuito de cada cual.
Pues sí. Estamos en la peor encrucijada de nuestra democracia. Peor que en 1982 y que en 2017. Peor que en 1982 porque entonces los demócratas estábamos unidos, saliendo de la dictadura y con un horizonte que sentíamos muy claro: queríamos ser libres, estar en Europa y construir un Estado de bienestar, solidario y moderno. Peor que en 2017 porque en ese momento, con el nacionalismo rampante salido del nido y haciendo aspavientos, los catalanes no nacionalistas no estábamos solos y los socialistas todavía no habían entrado en la confusión ideológica que los atenaza actualmente. Pudimos, en ambos casos, hacer frente a la situación con el apoyo de las instituciones constitucionales. Hoy en día, por el contrario, quienes nos tendrían que apoyar nos machacan, nos desprecian y encima, nos mienten, pretendiendo hacernos creer que aceptando su marco mental la democracia será más fuerte. No han entendido, quizás no lo hayan entendido nunca, que sin ese Estado de Derecho en el que se ciscan, yendo ya impúdicamente a Suiza a negociar referéndums de autodeterminación al verse prácticamente amnistiados, apoyando el delirio de relato que construyen acerca de una falsa “reconciliación” entre catalanes y entre catalanes y españoles. Les falta añadir, entre catalanes y europeos y entre catalanes y el mundo mundial, galaxia aparte.
Pues bien, volviendo al crédito que no otorgo. Ante esta situación, lo que cabe realizar, frente a ese adelanto electoral que está claro ha cogido a contrapié a muchos, es una alianza constitucionalista que refleje lo que realmente es la sociedad catalana.
Lo digo porque, si nos atenemos a los hechos, teniendo en cuenta que el reparto de escaños en circunscripciones, voluntariamente blindado por el secesionismo con la aquiescencia del socialismo en el vigente Estatuto de Autonomía, que origina que mi voto, ahora que estoy censada en Lérida valga casi tres veces más que cuando lo estaba en Barcelona, nos coloca frente a la necesidad imperiosa de adoptar estrategias que tienen que ir mucho más allá del patio de mi casa. Recordemos algo que he explicado en numerosas ocasiones: un reparto de escaños por circunscripción como el que tenemos fue declarado anticonstitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y media docena de estados miembros de la federación tuvieron que cambiar sus leyes electorales; el argumento era clarísimo: los efectos que produce que un voto en una circunscripción valga más del doble que en la circunscripción vecina, degrada la calidad del sufragio, puesto que el sufragio universal comporta, además de que cada persona tenga un voto, que valga lo mismo el voto de cada persona.
Como esto no podemos variarlo ahora, porque necesitamos 2/3 del Parlamento de Cataluña para poder hacerlo, es necesario optimizar el sentido del voto de cada persona, de tal forma que el resultado que se obtenga sume opciones constitucionalistas, no que las reste o que las deje en la cuneta. No olvidemos que la abstención suele ser alta en las elecciones autonómicas, puesto que una parte importante de los censados en Cataluña piensa que esas elecciones no van con ellos. Y no olvidemos que esa abstención disminuye notablemente cuando la ciudadanía dispone de opciones sensatas que le permitan verse representada en sus anhelos y necesidades reales. Lo sucedido en las últimas convocatorias electorales, especialmente en 2017, evidencia que existe una bolsa de electores que, si se hacen bien las cosas, pueden potencialmente derrotar al nacionalismo en todas sus variantes. Al mismo tiempo, los resultados electorales evidencian que, si las cosas no se hacen bien y, sobre todo, si la división del constitucionalismo provoca la pérdida de efectividad de cientos (o miles) de votos que se quedan sin representación, tendremos más de lo mismo por vaya Vd. a saber cuánto tiempo. No hace falta hacer un barómetro electoral de urgencia sobre ello: es de puro sentido común.
Y no doy crédito a que, frente a ese sentido común, que responde, además, a lo que piensa cualquier persona que tenga un mínimo de comprensión intelectual, es decir, la mayoría que no se haya adherido a la nueva religión nacionalpopulista, bendecida por el actual socialismo, estén los medios de comunicación llenos de contenidos en los que el interés general brilla por su ausencia y se predica de manera que cada parroquiano se sienta satisfecho por la defensa de su propia parcelita. ¿No se dan cuenta de que así no vamos a ninguna parte?
Vamos a ver. Si analizamos las distintas posibilidades, en las democracias representativas de integración propias de los sistemas nacidos tras la derrota de los totalitarismos, las alianzas entre partidos políticos que comparten principios y los plasman en propuestas comunes, están a la orden del día. Si a ello añadimos el valor que actualmente tiene la democracia participativa en la formación de opinión pública y en ciertos niveles de toma de decisión, se puede forjar una cierta complicidad, a través de distintas técnicas, con la sociedad civil que se reclama del constitucionalismo y que está habituada a plantear hitos transversales de defensa del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
Todo ello en un clima, y una realidad, en la que nadie renuncia a su propia identidad política, sino que la comparte y agranda relacionándose con el otro en búsqueda de ensanchar su base electoral y, subsiguientemente, mejorar la posibilidad de poder llevar adelante ese programa pactado. Ello no es nuevo. Existen muchos ejemplos históricos en los que ha quedado claro que sumar es mucho más beneficioso que dividir. Tuvimos una experiencia importante en ello durante la Transición a la democracia, en la que se crearon coaliciones electorales que dieron lugar a resultados históricos. La UCD se formó con la suma de diversos partidos. Imaginen qué hubiera pasado si se hubieran puesto “exquisitos” y no hubieran querido pactar. El Programa Común de la Izquierda, en Francia, fue un modelo muy estudiado, aunque respondía a otros criterios.
En una coalición, los electores de quienes se integran en ella se ven representados. Votan a la coalición porque sienten que allí están los suyos, con otros ciertamente, pero se identifican ideológicamente con los que consideran de su cuerda política. Evidentemente, cada integrante de la coalición debe estar representado en la misma de acuerdo con su potencial y/o real fuerza. Y el resultado de la votación favorece a la coalición, aumentando la representación que cada uno de sus integrantes podría obtener por separado. Claro que hay que partir de postulados de lealtad política, de realismo y de claridad en los planteamientos. Quizás nos falte práctica al respecto en el constitucionalismo en Cataluña. Pero nunca es tarde si la dicha llega, aunque estemos con grandes prisas, puesto que las coaliciones deben estar registradas lo más tarde el 29 de marzo próximo, por mandato de la Ley electoral.
Otras opciones son también pensables, aunque menos efectivas en cuanto a resultados. Cabría la posibilidad de formar una nueva fuerza política como suma de varias anteriores; no veo cómo hacerlo eficazmente con los tiempos que tenemos, en los que las prisas pueden ser malas compañeras, pues las listas, también por mandato de la Ley electoral, deben presentarse lo más tarde el próximo 7 de abril.
Además, en este segundo caso, cabrían asimismo dos opciones: la nueva formación política se podría formar creando ex novo un partido político, lo cual tendría múltiples inconvenientes, entre ellos que como no tendrían representación electoral actualmente deberían presentarse con el aval ciudadano de pliegos de firmas que con tantas prisas serían difíciles de lograr. La siguiente opción sería la de presentarse todos bajo las siglas de un partido ya existente; esta opción, fácil en teoría, pues sólo requiere de un pacto entre los partidos afectados, presenta, en la práctica múltiples inconvenientes frente a la coalición electoral.
¿Por qué existen inconvenientes en la integración o subsunción de candidatos de distintos partidos bajo las siglas de un solo partido? Son, sobre todo, inconvenientes en la obtención del voto, pues los electores, que no son homogéneos, no ven cómo su propia opción quede visible e incluida eficazmente en la lista conjunta. Existen múltiples análisis teóricos al respecto, amén de que tal situación es, también, de sentido común.
Pues repito, no doy crédito a que, lejos de barajar con calma y sensatez cómo las distintas fuerzas constitucionalistas pueden presentarse a estas elecciones del 12 de mayo con posibilidades de rentabilizar su posición en el tablero electoral, sólo aparecen manifestaciones o análisis de suma y resta, exigencias para conformar las candidaturas o las listas que nada tienen que ver con los programas políticos sino con criterios mucho más egoístas de réditos electorales e, incluso, con cierta ansia o nivel de “revancha” de unos sobre otros basados en pretendidos o verdaderos errores pasados.
Desde la sociedad civil estamos francamente sorprendidos, y dolidos, cuando todo nuestro trabajo conjunto, sin diferencias ideológicas, territoriales o vitales, vemos que aquello que desde hace años pretendemos, que no es otra cosa que ayudar al cumplimiento de la ley, favorecer la institucionalidad democrática y defender los derechos de todos, parece irse al traste por la falta de visión estratégica de los partidos, que son los llamados a representarnos y a conseguir aquello que les estamos ayudando a consolidar. Lejos de fraguar estrategias plausibles, se está instalando en ellos un malsano cortoplacismo que resta en vez de sumar.
Se trataría, en suma, de que reflexionaran (ya sé que les queda poco tiempo) para crear unas alianzas estratégicas que conlleven la puesta en marcha de una coalición constitucionalista, basada en la derecha, que no sea rechazada por el centro izquierda huérfano. Hay que aunar y no dividir. Hay que conseguir que ese voto constitucionalista, que se fue al socialismo populista o se quedó en casa, regrese al constitucionalismo.
La democracia está en peligro. Está ante el mayor peligro de nuestra Historia reciente. No es necesario (o sí) hacer como Mikis Theodorakis, comunista que en 1989 fue candidato independiente por el partido de centroderecha Nueva Democracia. Tenemos una larga experiencia de integración y facilitadora de acuerdos, rotos desde la alianza del nacionalismo con el populismo izquierdista bendecido, como he expresado anteriormente, por el actual socialismo oficial. Desde la sociedad civil, múltiples ciudadanos podemos avalar, cooperar y afianzar esa coalición electoral constitucionalista en Cataluña que, a todas luces, constituye la mejor opción para recuperar ese Estado de Derecho, esa democracia y esos derechos de los que nos privan desde las actuales instituciones.
Quiero dar crédito. Queremos salir del marasmo. De ese marasmo político, social y económico que venimos arrastrando desde hace lustros. Y ofrecemos, lo digo en plural porque, aunque lo escribo y lo firmo yo, lo he consultado amplia y profundamente en muchos ámbitos, nuestra colaboración y apoyo para que se pueda hacer con éxito.