El Senado plantea un conflicto con el Congreso para frenar la ley de amnistía

El Senado planteará un conflicto con el Congreso para reclamar a la Cámara Baja la retirada de la proposición de ley de Amnistía, una iniciativa que adopta a petición del PP, al entender que es inconstitucional y su tramitación fraudulenta.

Este conflicto podría acabar en el Tribunal Constitucional en el caso de que el Congreso no acepte en un plazo máximo de treinta días este requerimiento, promovido ante la Mesa por el grupo popular, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado esta medida, que deberá debatirse en el pleno, durante una interpelación este martes al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Los populares hacen uso así de una posibilidad que señalaron los letrados del Senado: plantear un conflicto entre órganos constitucionales, con la celebración de un pleno que pida formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley de Amnistía, y ante el Tribunal Constitucional, para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo.

El Gobierno lo fía todo a Conde-Pumpido

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recordado este martes, tras el informe de los letrados del Senado que ve inconstitucional la ley de amnistía, que es el Tribunal Constitucional (TC) quien determina si una norma se ajusta o no a la carta magna.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz ha expresado su respeto al informe de los letrados del Senado conocido este lunes y que ha servido de base a la Mesa de esta cámara -con mayoría del PP- para admitir a trámite la ley de amnistía a pesar de las dudas que expresan sobre su constitucionalidad.

"La posición del Gobierno de España con la ley de amnistía es idéntica, la misma que tiene Europa y que además nos lo ha trasladado con absoluta claridad a través también de la Comisión de Venecia", ha añadido la también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Según la portavoz, el dictamen de esta comisión consultiva perteneciente al Consejo de Europa, "avala claramente, de manera rotunda, la ley de amnistía".

La Comisión de Venecia "traslada tres principios básicos", que son -ha recordado la portavoz- que no afecta al principio de igualdad entre españoles ni a la separación de poderes porque la última palabra siempre la tendrán los jueces, y que no es necesaria una reforma de la Constitución, sino que se puede hacer a través de una ley orgánica.

"Es verdad que este mismo informe sugería un mayor consenso en esta ley. Aprovechamos también la oportunidad para pedirle al PP, que fue quien pidió a través del Senado este informe, que se sume a ese consenso que es tan necesario para iniciar esa nueva etapa de reconciliación con Cataluña", ha concluido Alegría.

Registro en el Senado

Fuentes socialistas han asegurado que los miembros del PSOE no han participado de la votación porque creen que podrían incurrir en prevaricación al no ser necesaria según el Reglamento y al haberse adjuntado al acuerdo sometido a votación el informe de los letrados del Senado sobre la inconstitucionalidad de la amnistía.

Sin embargo, otras fuentes presentes en la Mesa han manifestado por su parte que los senadores del PSOE sí han votado, y que lo han hecho en contra.

Tal y como los letrados de la Secretaría General del Senado propusieron a la Mesa la víspera, el acuerdo que ha sido llevado a votación por el presidente, Pedro Rollán, incluía dos informes jurídicos: uno para reafirmar la obligación constitucional de tramitar la norma (para cubrirse ante la demanda de Vox de inadmitir) y otro sobre la inconstitucionalidad y los defectos de la tramitación previa en el Congreso.

El portavoz del PSOE, de forma previa a la reunión de la Mesa, ha señalado en rueda de prensa que, dado que los propios letrados reconocen que la admisión es "automática" según el artículo 90.2 de la Constitución y el 104 del Reglamento, no era necesaria la votación, y si lo fuera tendría que serlo únicamente sobre esa admisión a trámite.

"Vamos a aceptar cualquier opinión en derecho, nos merecen todo el respeto, pero deben de estar donde deben de estar, incorporadas a un expediente", ha explicado, al entender que el PP trata de "meter con calzador" sus argumentos a un acuerdo de la Mesa, algo sin precedentes.

En cambio, las fuentes parlamentarias han indicado que hay muchos precedentes de votaciones para admitir a trámite iniciativas y que es lógico que el acuerdo que se lleve a votación incorpore argumentaciones jurídicas.

Es más, han señalado que quienes podrían haber incurrido en una posible prevaricación son los senadores socialistas por votar en contra de ese acuerdo que automáticamente tenía que admitir a trámite la Mesa para cumplir el precepto constitucional, en el caso de que, en ausencia de senadores del PP, por ejemplo, hubiese ganado la votación su negativa.

En vez de votar en contra, han apuntado, tendrían que haber dado un sí crítico, como se conoce a votar sí a lo principal, aunque haciendo constar en acta que no están de acuerdo con que se adjunten informes jurídicos u otra circunstancia; además de apuntar que en el Congreso sí se adjuntaron para la votación en su Mesa.