El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el bloqueo cautelar del acceso a la plataforma de mensajería Telegram. Ha adoptado la decisión a raíz de una denuncia interpuesta por los tres mayores grupos audiovisuales de nuestro país, que alegan un presunto uso no autorizado de sus contenidos audiovisuales sometidos a derechos de autor. Fundada en 2013 por Nikolai y Pável Dúrov, se trata de la competidora directa de WhatsApp y tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo.
La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los usuarios españoles. Del 94% de los españoles que, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, emplean de forma habitual aplicaciones de mensajería instantánea, un 18% utiliza Telegram.
La plataforma rusa se ha convertido en el canal privilegiado para contenidos que resultan bloqueados en otros canales. Su cifrado y, en general, el enfoque en la privacidad lo ha convertido en una herramienta muy útil para periodistas e influencers. Por ejemplo, sus canales han sido referencia a la hora de recibir y compartir información relativa a la guerra de Ucrania. En los países en los que no se pueden recibir las señales de medios de comunicación rusos como RT, Telegram brinda la posibilidad de acceder a contenidos vedados sin necesidad de recurrir a herramientas como las VPN.
La medida de la Audiencia Nacional resulta desproporcionada. El hecho de que haya personas que emplean la plataforma para compartir contenidos sometidos a derechos de propiedad intelectual no justifica que se deje a millones de ciudadanos sin derecho a emplear Telegram. A nadie se le ocurriría cerrar las televisiones cada vez que emplean vídeos o fotos de usuarios de redes sociales sin su permiso. Nadie cerraría los periódicos cuando ilustran una noticia con una foto extraída de Internet sin pagar derechos por ella. Existen mecanismos para reparar los daños causados sin necesidad de sumir en el silencio a los usuarios de Telegram.
Ninguna tecnología es neutral. Como dice Neil Postman (1931-2003) en “Por un ateísmo tecnológico. La cultura frente a la civilización informática” (Ediciones el Salmón, 2023), “el cambio tecnológico es siempre un pacto fáustico: la tecnología da y la tecnología quita, y no siempre en la misma medida. Una nueva tecnología a veces crea más de lo que destruye. En ocasiones, destruye más de lo que crea. Pero nunca es neutral”. Añade, unos párrafos más adelante, que “una nueva tecnología tiende a favorecer a algunos grupos de personas y a perjudicar a otros”. En este caso, los grandes grupos audiovisuales han decidido proteger sus derechos dejando en la oscuridad a millones de usuarios ajenos a esos derechos que los denunciantes pretenden tutelar. Para proteger a tres empresas, se perjudica al 18% de los usuarios de plataformas de mensajería en España.
Por otro lado, no deja de ser preocupante que, estando cerca tres citas electorales en España -las elecciones vascas, las catalanas y las europeas- se imponga la censura de Telegram, que emplea casi una quinta parte de los usuarios de estas plataformas en nuestro país. Es inevitable sospechar que la pretensión de bloquear la plataforma pueda tener segundas intenciones. En Telegram se han refugiado muchas de las voces más críticas con el gobierno después de que los censurasen de distintas formas en los medios de comunicación mayoritarios.
El caso es que yo pensaba enviar este mensaje por Telegram, la aplicación que utilizan también millones de rusos: “Mis condolencias a las víctimas del atentado terrorista de la sala de conciertos Crocus City Hall de Krasnogorsk así como a sus familiares y a todo el pueblo ruso”.
Como no sé si les llegará, lo dejo por aquí.
Si (
No(
A favor (
En contra (
