¿Prohibir TikTok?

El miércoles pasado la Cámara de Representantes, que es la cámara baja del Congreso de los Estados Unidos, aprobó por abrumadora mayoría un proyecto de ley que obligará a ByteDance, la empresa propietaria de la plataforma TikTok. La intención de los legisladores es acabar con la amenaza que, según ellos, supone la plataforma china de contenido, que en los Estados Unidos cuenta con más de 170 millones de usuarios. Aunque el domicilio de la sociedad está en las islas Caimán, su sede central está en Pekín y la compañía se somete a las normas y autoridades de la República Popular China. Esto significa que el Estado puede obligarla, por ejemplo, a revelar los datos de sus usuarios. Desde hace años, la corporación está bajo sospecha en los Estados Unidos y en otros países. En enero de 2020, el ejército y la armada prohibieron su uso en dispositivos oficiales por considerar que suponía una amenaza para su seguridad. En diciembre de 2022, una prohibición similar se impuso en relación con los terminales oficiales de la Cámara de Representantes. En diciembre de ese mismo año, el gobierno prohibió el uso de la plataforma en todos los terminales de instituciones federales con unas pocas excepciones. A lo largo de los últimos años, los estados han ido adoptando limitaciones y prohibiciones semejantes en relación con sus instituciones y empleados. El proyecto de ley que ahora se ha aprobado obliga a la empresa china a vender TikTok a una empresa estadounidense o sufrir una prohibición de actividad en territorio estadounidense. Ahora el proyecto ha de pasar por el Senado.

Hace algunos meses, el Network Contagion Research Institute y el Miller Center on Policing and Community Resilience publicaron un informe conjunto relativo al alineamiento que la plataforma viene teniendo con las posiciones del gobierno de la República Popular China. El estudio de las etiquetas reveló que existen mecanismos de censura en relación con los temas relevantes o delicados para el gobierno comunista como los sucesos de Tiananmen (1989) o el conflicto con los uigures en la provincia autónoma de Xinjiang. La plataforma, pues, cobra especial importancia si tenemos en cuenta que un tercio de los adultos estadounidenses, según el Pew Research Center, se informa a través de la plataforma china. El informe analiza los contenidos identificados con etiquetas como Tibet, Hong Kong, Taiwán, mar de la China Meridional, guerra Ucrania-Rusia, independencia de Cachemira y guerra Israel-Hamás además de las ya mencionadas de Tiananmen y los uigures. La conclusión es que los contenidos relacionados con todas estas cuestiones se silencian o se promocionan según coincidan o no con las posiciones del gobierno de la República Popular China. Así, la plataforma no es imparcial políticamente.

En la Unión Europea, también existe un procedimiento de la Comisión contra TikTok, pero la preocupación de las autoridades comunitarias no se centra tanto en su posible uso para desinformación y operaciones de influencia, sino más bien en sus contenidos nocivos y adictivos para los menores y otros posibles incumplimientos del Reglamento de Servicios Digitales. El año pasado la Comisión e Protección de Datos irlandesa, que actuaba en nombre de la Unión, impuso a TikTok, cuyo domicilio en Europa está en Irlanda, una multa de 345 millones de euros por infracciones en materia de protección de datos.

A ambos lados del Atlántico existe una creciente inquietud por el uso de las redes sociales para acciones de desestabilización política, influencia y propaganda. En este sentido, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han aplicado a la empresa china limitaciones que, por otro lado, son mucho más laxas que las que se imponen en la República Popular, cuyo control de contenidos políticamente sensible es férreo. Las redes sociales, como las televisiones, son instrumentos de “poder blando” que pueden activarse para desencadenar conflictos o para hacer frente a ellos.