Carnaval sin Cuaresma

Ante las reiteradas afirmaciones de ERC de que exigirá al Gobierno la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, Pedro Sánchez, el pasado 3 de abril, durante su reciente visita a Qatar, manifestó, con esas ligereza y desparpajo que le caracterizan para lanzar mensajes espeluznantes con absoluta naturalidad, que no sabe por qué es noticia la reclamación de dicha fuerza política porque “estamos en campaña electoral o en precampaña electoral” para los comicios catalanes del próximo 12 de mayo. Es decir, por un lado, según se desprende de las palabras del presidente del gobierno, sería completamente normal que en campaña se diga cualquier cosa con el fin de obtener los mejores resultados posibles, aunque sea mentira, porque, posteriormente, ya llegará el momento de decir a los votantes de una manera u otra que aquello que se prometió no era más que una argucia o añagaza para conseguir papeletas en las urnas y que la realidad de la gestión va a ser muy diferente a aquello que se defendió con ardor, vehemencia y hasta con sobreventilación en mítines y debates. Por otro, el presidente introduce en el mismo saco las “precampañas” y las “campañas” sin tener en cuenta un matiz decisivo que diferencia a ambas. En las ”precampañas” no se puede pedir el voto pero en las “campañas”, sí (de hecho, es el propósito consustancial de las mismas). Es decir, en estas últimas, hay una vinculación directísima entre el programa electoral que se presenta y la apelación al voto del ciudadano. Este elige su opción política en función de las promesas realizadas y, por tanto, cuando las mismas son incumplidas o traicionadas, debería haber consecuencias negativas directas para el partido que resultó beneficiado por una serie de anuncios y proclamas que, finalmente, quedaron extinguidos como frágiles y fugaces pompas de jabón. Pero ello no es así. Si, en la cultura cristiana, se asume que el carnaval es época de licencias y excesos porque después llega la cuaresma y su imposición de restricciones y abstinencias, en nuestras democracias se ha ido consolidando la idea de que las campañas son carnavales cuyas cuaresmas, en ningún caso, recaen sobre los responsables políticos vencedores sino, básica y esencialmente, sobre la ya sufrida ciudadanía gobernada.

Dado que se ha convertido en habitual que los programas de las fuerzas políticas se conviertan en papel mojado en el mismo momento en que se cuentan los votos en los colegios electorales y que no parece que ello sea un motivo de especiales indignación o reacción por parte de los ciudadanos más allá de airadas retóricas rutinarias, cabe preguntarse en qué se han convertido nuestros sistemas políticos. El sociólogo Max Weber distinguió entre tres tipos de autoridad: la tradicional, la legal-racional y la carismática. La tradicional era la correspondiente a las monarquías constituidas a la vieja usanza, con un rey cuya legitimidad derivaba de una sucesión hereditaria rígidamente establecida en la bruma de los tiempos pasados y que concentraba amplia capacidad para que su voluntad determinara decisivamente la acción de gobierno. La legal-racional es la que deriva de las democracias liberales, con gobernantes elegidos por sufragio directo cuyo poder estaba limitado por una serie de cortapisas y contrapesos para evitar que aquel deviniera en absoluto. Finalmente, la autoridad carismática se centraba en la figura de un líder que demostraba poseer unas habilidades innatas de mando para asumir sobre sus espaldas la responsabilidad de gobierno de un país y que, en función de ello, tenía la capacidad plena de decisión sobre los asuntos públicos, bajo el supuesto de que era la persona mejor dotada para interpretar la voluntad del pueblo y para discernir qué era lo que más convenía a los intereses de la nación. Posiblemente, en la edad contemporánea, el primer ejemplo de este último tipo de autoridad fue el de Napoléon Bonaparte (curiosamente, o no, surgido como derivación final de los sueños de libertad que provocaron la Revolución Francesa) pero la máxima expresión de ella fue la de los totalitarismos surgidos en las décadas de los 20 y los 30 del pasado siglo (tanto el fascismo como el comunismo) que encarnaron en la figura de un líder máximo toda la esperanza de llevar a sus países a las cotas máximas de esplendor. Tal como se mostró en el film El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, quien mejor lo expresó fue un Rudolf Hess visiblemente emocionado (la emoción, siempre antes que la razón, es un vector esencial en este tipo de sistemas políticos) en la clausura del partido nazi en Nüremberg en 1934: “El partido es Hitler. Pero Hitler es Alemania como Alemania es Hitler”.

Lo verdaderamente preocupante que está sucediendo en las democracias occidentales, en general, y en la española, en particular, es que de ser regímenes políticos basados en la existencia de una autoridad legal-racional están pasando cada vez más rápido a ser regímenes sustentados en una autoridad carismática que concentra cada vez más poder, con unas posibilidades de actuación progresivamente más reducidas de las teóricas limitaciones y cortapisas y para la que las campañas electorales son trámites simplemente formales cuyo propósito real es muy diferente al declarado: no se trata de confrontar medidas y propuestas que, posteriormente, hayan de ser contrastadas con la acción de gobierno, sino de elegir al LÍDER, a la persona en la que depositamos el devenir de nuestros destinos y que dispone de amplio margen para tomar las decisiones que estime oportunas encomendándose solo a sí mismo y a su conocimiento y sabiduría. Me gustaría saber (la pregunta, claro está, es retórica) cuántos ciudadanos leen los programas electorales para tomar su decisión y cuántos votan en función meramente de la confianza o simpatía que les despierta el candidato y de dos o tres directrices programáticas básicas, claramente insuficientes para constituir un programa propiamente dicho (lo de los “significantes vacíos” de Laclau es algo más que una propuesta táctica para ser casi una descripción de las bases de la política moderna) pero que, con una estrategia de comunicación mínimamente eficaz, pueden provocar la adhesión incondicional e impremeditada de amplios sectores del electorado. A partir del momento en que el líder alcanza el poder, ya es práctica habitual el que consiga el control absoluto del partido que lo sustenta (¿alguien se plantea ya que sea posible eso que dice nuestra Constitución del “funcionamiento democrático de los partidos políticos”?), que interfiera, limite y anule las posibilidades de control de los parlamentos y tribunales y que busque la intervención permanente en los medios de comunicación para que estos sean meras correas de transmisión de sus mensajes y de sus consignas. Todo ello, que se ha convertido en moneda de curso corriente en las democracias occidentales, alcanza ya en España una expresión intensa, excesiva y hasta absoluta.

En este sentido, muchas críticas que se hacen a la gestión de Pedro Sánchez al frente del gobierno suelen obviar un hecho que, a todas luces, es mucho más preocupante. El actual presidente del gobierno y su forma de dirigir el país no son más que la consecuencia directa de la evolución de nuestro régimen político. Muchas de las notas que caracterizan su gestión ya estaban presentes en mandatos anteriores y él solo puede ser presentado como un discípulo aventajado de ese proceso de perversión progresiva de la autoridad legal-racional y su sustitución implícita y nunca declarada por una autoridad carismática que concentra en un líder todo el poder sin que este tenga que asumir responsabilidad por sus decisiones ni haya límites que tracen barreras infranqueables a las mismas. Su sustitución al frente del gobierno no solucionará nada si, al mismo tiempo, no se restablecen los fundamentos en los que debe asentarse toda democracia liberal verdaderamente sana, reconociendo la dificultad que supone que el nuestro no es un proceso aislado sino que, en mayor o menor medida, lo están padeciendo buena parte de las democracias desarrolladas. Mientras tanto, las campañas electorales seguirán siendo festivales de impostura e hipocresía en los que, teóricamente, se exponen medidas y programas a aplicar por los gobernantes cuando, en última instancia, estamos eligiendo a los líderes que van a tomar sus decisiones pensando única y exclusivamente en manipular los resortes del gobierno para ejercer sobre la ciudadanía un poder abrumador, desmedido y descontrolado.