Jueces, fiscales y oposición consideran que tiene que abandonar su cargo de forma "inmediata".
El fiscal general el Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido al paso de las crecientes voces de entre la judicatura, los fiscales y la oposición al Gobierno, que piden su dimisión "inmediata" tras los dos varapalos judiciales que le dejaron sin autoridad.
Por un lado, el Supremo anuló el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, mientras que por el otro, el TSJM admitió la querella del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por filtrar información de su caso. Dos torpedos contra la línea de flotación de su legitimidad en el cargo, cuestionada desde el primer día.
García Ortiz, sin embargo, ha asegurado que no se plantea dimitir, al tiempo que ha recordado que tampoco el Gobierno puede cesarlo, ya que su autonomía está blindada.
"Mi figura está blindada, el Gobierno no me puede cesar", ha dicho, en una entrevista para Televisión Española.
En este contexto, ha pedido lealtad a las instituciones para no degradarlas y ha cuestionado que el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, vaya a reprobarlo este miércoles sin haberlo escuchado.
"Si el Senado me reprueba, lo que habrá que analizar es por qué, si es por maledicencias o bulos, yo estaré muy tranquilo; si fuera por hechos ciertos, me preocuparía, pero le puedo asegura que estoy muy tranquilo", ha afirmado.