La amenaza Gazprom

El vacilante e incierto mercado energético español, sometido a enormes vaivenes y asaltos de todo pelaje, ha vuelto este jueves a convulsionarse con la noticia sobre el interés de la rusa Gazprom por el paquete del 20 por ciento de Repsol YPF que posee la promotora Sacyr. ¿Qué hace una empresa del ladrillo en un sector tan específico como el de la energía? Por un lado se explica por la vocación de muchas empresas que están asociadas a la vez a la construcción y a los servicios pero, en este caso, se trata de las huellas de antiguos movimientos empresariales, no consumados.

El interés de Gazprom ha despertado una reacción inmediata. En principio la entrada de una gran empresa extranjera no debiera ser una mala noticia, pero Gazprom no es una empresa más que actúa en el mercado. Es un brazo más de la política exterior rusa y no obedece a la función característica de las empresas de obtener beneficios atendiendo de forma cumplida y barata al consumidor, sino a los intereses geopolíticos del Kremlin. Sólo tenemos que recordar cómo, por discrepancias políticas con Ucrania y Bielorrusia, tomó la decisión de cerrarles la espita del gas, sin consideración alguna sobre los efectos que pudiera tener en su población o, para el caso, en la de Europa, que también se calienta con el gas ruso. Entregar nuestra primera empresa de hidrocarburos al Gobierno ruso es una decisión política, no económica. E iría diametralmente en contra de los intereses de los españoles.

El Partido Popular, por boca de su presidente, ha reaccionado con prontitud y claridad, mostrando su oposición sin reservas. El Gobierno también ha ofrecido la misma postura, aunque en su caso combinando el buen juicio político con la contradicción y, porqué no decirlo, con la desfachatez. Pues el ministro de Economía, Pedro Solbes, ha declarado que su gobierno está en contra de que una empresa que ha sido privatizada quede en manos de un Estado extranjero. Él, que ocupó el mismo cargo cuando el Gobierno hizo todo lo que estuvo en su mano para parar el interés de una empresa privada, E.On, por controlar Endesa, para acabar entregándosela a la concesionaria Acciona y la empresa pública italiana Enel.

El Gobierno y su presidente, que ahora habla de acabar con el liberalismo y volver a la vieja y fracasada vía de la intervención, no deben aprovechar esta ocasión para volver a meter mano en el mercado energético. Es ya un sector muy regulado, y no podemos decir que con mucha lógica, algo que no es enteramente achacable al Gobierno socialista, ya que la responsabilidad es, en parte, del señor Aznar: una prueba más –si es que hiciera falta todavía- de la tendencia irrefrenable de los gobiernos españoles, de cualquier signo, a intervenir arbitrariamente para concentrar y maximizar poder.