www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

Un código penal contra la impunidad

sábado 15 de noviembre de 2008, 01:36h
La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, presentó ayer el anteproyecto de ley orgánica con el que el Gobierno reformará el Código Penal. La reforma, que pretende endurecer las penas contra terroristas y delincuentes sexuales, prevé la combinación de “periodos prolongados de libertad vigilada acompañados de medidas de control para evitar el contacto entre ex presos y víctimas o sus familiares; y el cumplimiento íntegro de las penas sin posibilidad de que prescriban los delitos."

Esta modificación, la más ambiciosa de los últimos 13 años, llega cinco años después de que el PP acometiera la última reforma del código penal, y, en palabras de De la Vega, su objetivo es no dejar “resquicio a la impunidad”. El proyecto ha servido para unir, por una vez, a Gobierno y oposición, y es el resultado del pacto alcanzado por Zapatero y Rajoy durante la reunión que mantuvieron el pasado mes de julio. Los populares han celebrado el principio de acuerdo sobre la reforma del Código Penal, mostrándose confiados en que el texto final pueda reunir el máximo de los consensos en el Parlamento.

El proyecto, además de endurecer las penas contra delitos sexuales y terroristas, contempla la ordenación de nuevos delitos, como el de piratería, para casos como el del pesquero “Playa de Bakio”, abordado frente a las costas de Somalia. La reforma obedece en gran medida a la conmoción ocasionada por el “caso Mari Luz” y comporta una mayor protección de las víctimas de agresiones o atentados. Se trata de transmitir a la sociedad un mensaje de tranquilidad a base de reforzar la seguridad. Pero no solo la física, sino también la seguridad jurídica, con medidas destinadas a combatir el crimen organizado, la trata de seres humanos, el traslado ilegal de grandes cantidades de residuos para proteger el medio ambiente, los ataques informáticos, la tenencia de armas o instrumentos explosivos, o la agrupación transitoria de delincuentes.

Por todos estos motivos, la reforma es de gran importancia. Ya es positivo el hecho de que el proyecto sea fruto del consenso entre los dos principales partidos, un consenso que debería estar mucho más presente en la vida política española. Además, da respuesta a una gran demanda social que se lleva produciendo desde hace mucho tiempo y que alcanzó su pico máximo después del asesinato de Mari Luz Cortés. No debemos olvidar que la inseguridad ciudadana constituye una de las principales preocupaciones de los españoles. Por último, aunque no menos importante, hay que subrayar el reforzamiento de la seguridad jurídica. Este elemento es crucial para el buen funcionamiento del estado de derecho y un síntoma de la buena salud de toda democracia, algo que, además, se refleja de forma directa en el rumbo de las economías. Por último esta nueva acción del Gobierno representa "la primera prueba de fuego" del recién estrenado Consejo General del Poder Judicial, después de la polémica levantada por las circunstancias que llevaron a su renovación. Veremos si empieza con buen pie.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios