El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno contra varios apartados de la ley trans de la Comunidad de Madrid.
El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de las
citadas normas, desde la fecha de interposición del recurso (26 de junio) para las partes de los procesos y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
En el primer recurso, el Gobierno alega la posible vulneración de los artículos 9.3, 10.1, 14 y 15, entre otros, de la Constitución, contra los apartados once, doce, quince, diecisiete y veintidós bis del artículo único de la Ley 17/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2016, de 29 de marzo. Asimismo, considera que podría haber infracciones competenciales.
En el segundo caso, el Gobierno sostiene en su recurso de inconstitucionalidad que el apartado catorce ter del artículo único de la Ley 18/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2016, de 22 de julio, podría ser contrario a las competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal (149.1.6a CE) y sobre procedimiento administrativo común (149.1.18a CE).
Ayuso defiende su ley
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que las reformas de las leyes Trans y LGTBI "se han hecho desde el respeto a la Constitución" y "primando el interés de los menores".
La presidenta madrileña dice que las reformas se realizaron "primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales".
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, también se ha pronunciado sobre la decisión del tribunal en un audio remitido a los medios, en el que que acata la decisión del juzgado pero insiste en que es una "ley plenamente constitucional que responde al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales, entre otros, de la pediatría y la salud mental"
"Este Gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible y, sobre todo, para que primen los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología".