Begoña Gómez sigue los pasos de Sánchez y se querella contra el juez Peinado

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado también una querella contra el juez Peinado por presunta prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.

Gómez secunda así al jefe del Ejecutivo, quien hizo lo propio esta semana horas después de testificar ante el magistrado en Moncloa.

¿En qué se fundamenta la querella?

La defensa de Gómez se basa en las decisiones "injustas", "arbitrarias", "no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias" que el juez ha ido tomando a lo largo de la investigación que dirige contra la mujer del jefe del Ejecutivo por presunto tráfico de influencias.

Habla el letrado de una "instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva" que busca dirigir "una causa general" contra Begoña Gómez para investigar "toda" su vida y "tratar de determinar" si ha cometido algún delito.

En su opinión, el juez Peinado "ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables" y ha tomado decisiones "sin amparo legal" y, muchas veces, sin posibilidad de recurso, "con evidente impacto en todos los ámbitos" de la vida de Gómez "debido a la importantísima repercusión mediática del proceso".

Algunas de esas decisiones, como la de acudir el martes a la Moncloa y no permitir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, testificar por escrito por razón de su cargo, tienen un "carácter aparentemente prevaricador" tan "palmario" que ha dado lugar a que la Abogacía del Estado también se querellase contra el juez, al entender que la Presidencia del Gobierno se ha visto "agraviada" por su actuación.

Dice el letrado desconocer si las decisiones del juez "tienen la finalidad premeditada de buscar un impacto político y social, o si tan sólo obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático", pero ve "indicios evidentes" de que se adoptaron "de forma arbitraria e injusta".

La querella, que va repasando las diferentes resoluciones del juez, recuerda además que esas decisiones que han ampliado el objeto de la investigación "parecen rebatir, conscientemente y sabiendas" varios informes policiales que descartaban indicios de delito. Y critica que, en este procedimiento "mutante", "muta el objeto de la causa" y "mutan los testigos a investigados", vulnerándose una serie de garantías y creando "indefensión", como ha ocurrido con el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, que se convirtieron en investigados días después de declarar como testigos.

Aparte de la presunta prevaricación, Gómez también quiere que Peinado sea investigado por haber revelado a acusaciones como Vox, el autodenominado sindicato Manos Limpias y Movimiento de Regeneración Política de España una serie de actuaciones procesales que entonces estaban declaradas secretas.

Su defensa, explica la querella, no tuvo acceso a documentación cuando la causa estaba secreta, entre el 16 de abril y el 24 de mayo, mientras que el juez dio "acceso a quien no debía" del procedimiento, según acreditan dos providencias que daban a las acusaciones información que no proporcionó a su abogado. Y añade que el juez "necesariamente" tuvo que autorizar la publicación de información de la causa secreta por parte del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Pese a ser la causa secreta era transmitida en directo por los medios de comunicación (...)", ironiza el letrado, que carga contra el juez Peinado por crear "un secreto a la carta" en detrimento de los derechos de Begoña Gómez.

Este tipo de revelaciones, dice, perjudican "gravemente" su derecho de defensa y la causan "un grave perjuicio ante la sociedad, desconociendo todos los extremos de la investigación y sometiéndola a la pena de banquillo".

Subraya también "un evidente daño a todo lo que la rodea, especialmente su esposo, el presidente del Gobierno, que desde el inicio de la filtración de la causa secreta se ha visto sometido a la presión mediática y política en relación a todo ello". En su querella, el abogado indica que "no es la primera vez" que en el juzgado de Peinado "se producen instrucciones en las que se vulneran garantías procesales" y se abusa del secreto de sumario, y menciona una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una orden de entrada en prisión acordada por el juez en una causa por no respetar "las garantías legales de información".