Contra los toros: contra la ley

El bárbaro Urtasun, igual que los demás partidillos de estreñidos, han perdido la batalla. Tanto las restricciones de la Unión Europea como los ataques del gobierno nacional no van a acabar con los toros. No es la primera ni la última vez. Las corridas de toros desde su aparición fueron censuradas, prohibidas y maltratadas por los poderosos. Primero, fueron las autoridades eclesiásticas, como el Papa, quien ocupaba sus horas de ocio redactando las prohibiciones de celebrar festejos taurinos. Actualmente, la intransigente curia fue sustituida por los partidillos de todo pelaje. Son fieles seguidores de las peores censuras inquisitoriales. Esa gente desconoce por completo el ritual taurino y, lo que es peor, no saben el significado del toro de lidia. Ni saben qué es un sacrificio ni atisban lo que encierra la palabra crueldad. Crueldad es, en primer lugar, sus prácticas censoras. Bárbaros, atiendan: un toro de lidia es un animal mítico. Sale al ruedo a morir o a matar. Pues bien, este animal único, que pasta en España y otros países taurófilos, sólo sobrevive gracias a las fiestas de toros. No recibe subvenciones ni vive de ellas.

Ernest Urtasun basándose en una ridícula y estrafalaria encuesta de poco más que tres mil personas, profundamente antitaurinas, emitió la orden ministerial para suprimir completamente el Premio Nacional de la Tauromaquia. De un plumazo queda borrada la manifestación más popular de la cultura nacional con proyección internacional. Es flagrante el incumplimiento de la Constitución y su artículo 44 sobre la promoción y el acceso a la cultura, y del artículo 46 que habla sobre la garantía de los poderes públicos a conservar y promover “el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.” Lo mismo sucede con La Ley del Patrimonio Histórico Español (25 de junio de 1985) que declara que “forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales” (art. 46). También La Ley de 2015 (Ley 10/2015, de 26 de mayo) menciona directamente la Ley 18/2013 (12 de noviembre) “para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural”, es decir, lo reconoce como tal. Además, hay varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que se pronuncian por el mantenimiento de la fiesta. Recordemos que el 20 de octubre de 2016 el Tribunal Constitucional reconoció inconstitucional la ley catalana que prohibió las corridas de toros, lo mismo sucedió en 2018 con la Ley 9/2017 de las islas Baleares.

No vamos a seguir citando leyes que declararon la fiesta un bien cultural por excelencia. Sólo queremos reiterar que las prohibiciones y las animadversiones que van contra los toros van contra los derechos fundamentales de los ciudadanos del Reino de España. Cohiben sus libertades y eliminan una gran parte de su legado cultural, independientemente de si les gustan o dejen de gustarles los toros. El ministro-asaltante Urtasun se pone el mundo por montera y actúa contra la ley. A pesar de todo, los tendidos seguirán llenándose de público, seguiremos escuchando los pasodobles de las bandas de música; admiraremos a las cuadrillas que salen a la plaza vestidos de luces, trajes sólo hechos por los grandes maestros de la costura; y apreciaremos la doma de los caballos mejor adiestrados.