Funcionarias embarazadas de Quatre Camins piden la baja por temor a abortos

Las funcionarias de la prisión de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), que se quedan embarazadas piden la baja laboral durante todo el período de gestación, ante el temor generado por los frecuentes abortos y malformaciones de fetos sufridos por algunas de sus compañeras.

Los abogados de las funcionarias que han presentado una querella criminal contra los responsables del Servicio de Prevención del Departamento de Justicia han explicado que las empleadas de este centro penitenciario que se quedan embarazadas no quieren correr riesgos por los posibles efectos que puedan provocar los pesticidas utilizados en las fumigaciones de la prisión.

El juez de Instrucción número 2 de Granollers (Barcelona) investiga si esos tóxicos podrían ser la causa de los abortos y el nacimiento con malformaciones de los hijos de al menos siete funcionarias, aunque según han asegurado los abogados, existen más casos de los denunciados.

De momento, el juez ha tomado declaración a la subdirectora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2007, y ha imputado a otros dos cargos más de la conselleria para que declaren sobre estos hechos.

Desde el Departamento no se ha querido hacer ninguna declaración respecto a este suceso, y han aducido que se encuentra bajo investigación judicial.

Según han informado a Efe los abogados de las funcionarias, a principios de 2002 éstas ya pusieron en conocimiento de la Inspección de Trabajo la existencia de numerosos casos de nacimientos de hijos de trabajadoras del centro penitenciario que presentaban graves malformaciones, y denunciaron un elevado número de abortos entra las funcionarias.

Por ello, señalan las mismas fuentes, la inspección llevó a cabo una serie de actuaciones y comprobaciones que pusieron de manifiesto la existencia de graves incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, ya que las funcionarias no habían recibido "ningún tipo de formación ni información" sobre los peligros que afectaban a sus puestos de trabajo.

El informe demostró que los riesgos a los que estaban sometidas las funcionarias eran "muy graves", ya que se comprobó que de forma periódica se realizaban "fumigaciones indiscriminadas sin ningún tipo de precaución ni aviso previo", con productos tóxicos (clorpífiros o bendiocarb, entre otros), en lugares donde las condiciones de ventilación eran muy deficientes, indican los representantes legales.

Además, concluyen, no existía "ni tan solo" una evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo que cumpliese con los requisitos legales, y no se habían realizado actuaciones de investigación por parte del departamento, ni se hacía tampoco el seguimiento de la vigilancia de la salud de las funcionarias.

A instancia de las afectadas, se ha llevado a cabo un informe médico pericial que establece la posible relación de causalidad entre los hechos denunciados y los efectos sobre los fetos y la salud de las funcionarias.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han informado a Efe de que la instrucción del caso está en una fase "muy prematura".

Las fumigaciones se produjeron entre los años 1992 y 2003 y la Inspección laboral que se ha realizado ha determinado que se conocen diez casos de "alteración de salud reproductiva", si bien el número real podría ser superior, ya que las trabajadoras interinas no se han sumado a la denuncia dada su precariedad laboral.

Al menos seis funcionarias de Quatre Camins, adscritas al servicio de comunicación de los presos con sus familiares o en el área de acceso del centro penitenciario, han padecido abortos o han tenido niños con malformaciones, según la querella, que admitió el juzgado de Granollers el pasado mes de marzo.