Libertad de expresión amenazada en Cataluña

Las comunidades autónomas, aparte de derrochar dinero a espuertas, tienen también la capacidad de crear órganos administrativos de muy diversas funciones. En Cataluña, sin ir más lejos, tienen el CAC, o lo que es lo mismo, el Consejo Audiovisual de Cataluña. Algo loable, si tal institución sirviera para velar por la desaparición de la llamada “telebasura”, o quizá para hacer cumplir las restricciones en horario infantil; o incluso vigilar que no haya un exceso de saturación publicitaria. Pero no, al CAC lo que le interesa es que nadie se exceda en la crítica política. ¿Libertad de expresión? Puede que se consagre en el artículo 20 de la Constitución, pero en Cataluña las cosas son diferentes. Que se lo digan si no a la Cadena Cope y Punto Radio, que han visto cómo les eran retiradas las licencias de varias de sus emisoras en la comunidad autónoma catalana.

Uno de los miembros del CAC ha ido más allá, ha tildado al periodista Luís del Olmo de “miserable” y sugerido que a Federico Jiménez Losantos “le haría falta un exorcismo”. Así se expresaba el miembro de un órgano publico catalán, subvencionado con dinero de todos. Y “todos” aquí implica no sólo a catalanes, sino también al resto de españoles que pagan impuestos. En democracia, la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales que sustentan al Estado de Derecho. De modo tal que, la crítica política en libertad, no sólo es susceptible de ser ejercitada, sino que además resulta imprescindible. Doctores tiene la Iglesia, y jueces la Justicia, que es quien marca los límites de la libertad de expresión. Si alguien estima que, en base a dicha libertad de expresión, se han lesionado derechos fundamentales, tiene a su disposición los tribunales. Pero, cuando un gobierno se erige en censor de opiniones, la democracia se empobrece. Como en la Cataluña nacionalsita.

Este periódico, por fidelidad a la tradición laica de su cabecera, por la convicción liberal de sus colaboradores y por la decisión de sus promotores en distinguir géneros, de forma que la opinión no contamine una información respetuosa con hechos o dichos, le separa una distancia higiénica con la forma de hacer periodismo de alguno de nuestros colegas perseguidos. Precisamente por ello quiere salir al paso de ataques a la libertad de expresión como el que denunciamos. Lo mismo diríamos si la Comunidad de Madrid, pongamos por caso, cancelara licencias de la SER, una cadena no precisamente equilibrada en relación al PP y que no siempre ha sido más cuidadosa que los hoy amordazados en Cataluña a la hora de manejar la información con pulcritud. Pero lo cierto es que esas agresiones autoritarias no se producen –o, por lo menos, no se manifiestan con la misma intensidad- en el Madrid y en la Castilla del PP, o en la Andalucía y Extremadura del PSOE. Es significativo que la desvergüenza autoritaria coincida con la presencia abusiva y opresora del nacionalismo. ¡Y ya está bien!