Un histórico fallo de la Corte Suprema Argentina

La Corte Suprema argentina ha mostrado otra señal de independencia. En un fallo por una demanda a favor de la libertad de agremiación sindical, la Corte ha abierto el camino hacia una profunda transformación del régimen argentino de sindicatos y confederaciones sindicales únicas. Ese régimen, al que la Corte ha considerado contrario a los derechos garantizados por la Constitución Nacional, fue instaurado por el primer gobierno de Perón y ha regido en los últimos sesenta años. El régimen de sindicatos únicos ha cimentado hasta ahora el enorme poder de los sindicatos argentinos.

Antes de Perón, el sindicalismo en la Argentina estaba bastante atomizado, dividido entre corrientes sindicales anarquistas, comunistas, socialistas y sindicalistas. Un factor clave en el éxito político de Perón en 1946 fue la adhesión de gran parte de aquellos sindicatos a su proyecto, con los cuales formó el partido Laborista -al cual sumó, casi de inmediato, a sectores políticos conservadores de las provincias, para así conformar su nuevo partido Peronista-. En menos de dos años, Perón logró duplicar la masa de trabajadores afiliados a los sindicatos; de ese modo, consolidó un pilar de su estructura de poder. Ese pilar cobró con los años vida propia, pero continuó siendo siempre un factor decisivo en el respaldo a los gobiernos de origen peronista y de inestabilidad de los gobiernos no peronistas. En las últimas décadas, los sindicatos mantuvieron su caudal de afiliados gracias al monopolio de los servicios de salud que un gobierno militar les concedió hace cuatro décadas y que ningún gobierno posterior pudo ni quiso remover; sin embargo, ese caudal de afiliados representa cada vez una proporción menor de la población activa, al tiempo que la legitimidad social de los sindicatos ha venido cayendo en forma continua. Ya poca gente los ve como entidades genuinamente interesadas en el bienestar de los trabajadores, y una mayoría de los argentinos piensa que son maquinarias corruptas que disponen de una enorme cuota de poder de naturaleza corporativa.

La demanda que motivó el fallo de la Corte fue planteada en nombre de organizaciones sindicales que existen, que tienen presencia en la vida del país pero que carecen de la personería gremial en virtud del régimen hasta ahora existente. Tienden a ser sindicatos de orientación más de izquierda -a los sindicatos de la CGT con personería gremial es difícil atribuirles una orientación ideológica; su rasgo más constante es el pragmatismo-.

El fallo de la Corte es un hecho relevante por varias razones. La primera es que resulta de lo más que inoportuno para un gobierno que se encuentra jaqueado por los problemas reales del país y del mundo y que cuenta en los sindicatos a uno de sus principales respaldos organizados. La segunda razón es que si el fallo de la Corte se traduce en una efectiva reforma del régimen sindical, las empresas privadas que operan en la Argentina se encontrarán ante un escenario nuevo y para el cual están poco preparadas. Aunque a menudo los sindicatos son acusados de actitudes poco amigables hacia las empresas, lo cierto es que los empresarios se han sentido siempre más cómodos con sindicatos únicos, con los cuales es posible entenderse y negociar, que con sindicatos dispersos y eventualmente más intransigentes. La tercera razón es que los sindicatos que pugnan desde hace décadas por la libertad de agremiación son, en general, efectivamente más de izquierda. La mayor parte de ellos representan a trabajadores estatales, pero en muchas empresas privadas los niveles medios de la dirigencia gremial tienen más afinidad con estos que con sus cúpulas tradicionales. De tal manera, la decisión de la Corte facilita un crecimiento, de magnitud imprevisible, de un sindicalismo más independiente y combativo. Por último, y no menos importante, la decisión se inscribe en una tendencia cada vez más manifiesta de independencia de criterio de la Corte Suprema argentina.

Es paradójico que esta Corte, surgida del gobierno de Kirchner, sea la primera en muchos años dispuesta a ejercer el poder judicial con independencia de criterio, con plena prescindencia de la voluntad política de los otros poderes del Estado y prestando poca o ninguna importancia a consideraciones políticas circunstanciales en la fundamentación de sus sentencias.