La preocupación española de Ramón Jaúregui

Sentía una gran curiosidad por escuchar a Ramón Jáuregui en las jornadas que la fundación Ortega Marañón dedica, no podía pensarse en rótulo más apropiado en la casa, a las preocupaciones españolas, bajo la dirección de Juan Pablo Fusi. Me perdonarán los otros intervinientes en la sesión a la que asisto que no refleje sus aportaciones en igual medida, comenzando por el propio Juan Pablo Fusi que hizo una reflexión espléndida sobre el sitio que Ortega atribuye al Estado nacional como ámbito indeclinable de la vida de los españoles, y las afortunadas intervenciones de Benigno Pendás, sobre las fortalezas de Estado Autonómico, y nuestra responsabilidad en su defensa , con una muy bien traída referencia a la teoría de las generaciones desechando la tentación destructiva de los últimos miembros del bloque generacional de la Constitución, y la hábil defensa de la foralidad navarra a cargo de la exalcaldesa y también expresidenta Yolanda Barcina.

I-Quedémonos, decía, en Ramón Jáuregui. Se trata de un político bien conocido por su amplia experiencia institucional, en Euskadi, la escena nacional, o la arena europea. Es, como se sabe, integrante de un selecto grupo de socialistas vascos otrora muy influyentes, en el que incluiría a Txiki Benegas, José Ramón Recalde, Juanma Eguiagaray, Juan José Laborda o Joaquín Almunia, y que han dejado un hueco que desafortunadamente no ha sido cubierto. Nunca en la contienda política le he visto derrapar en la descalificación o la exageración. Ramón, he escrito alguna vez en broma, tampoco puede presumir de ser del mismo San Sebastián, y algo le queda de la sorna de la provincia, pues nació en Herrera, que es un barrio a medio camino entre Alza-Inchaurrondo, que fue donde viví yo al llegar de Ollauri de niño, y Pasajes donde pasé buena parte de mi mocedad.

La intervención de Jáuregui se hace con el propósito de que la reflexión sobre la hora española actual prescinda de las presiones del momento, y desde este punto de vista, suponga una renuncia a explicarlo todo según las necesidades de la mayoría socialista por retener el poder, y por decirlo así, alcance mayor vuelo iluminando en lo posible el camino de la vida política en el futuro. La intención de fondo sería recuperar un acuerdo de base entre el partido socialista y el conservador, sin negar la asistencia de los nacionalismos moderados. Este acuerdo, bien mirado, explica el pacto territorial de la Constitución y su afortunada prórroga hasta la aprobación de los estatutos de autonomía. Es cierto que la base normativa constitucional planteaba problemas, dada la elementariedad de las determinaciones competenciales y las ambigüedades institucionales de la Norma Fundamental, pues por no haber no existía mapa territorial ni quedaba claro siquiera que la descentralización proyectada debiera ser generalizada y de naturaleza legislativa. Pero al final es cierto que lo que podría pensarse era una simple salida devino en una verdadera solución al problema de organización territorial, ponderando adecuadamente las tensiones de la pluralidad y la unidad. El Estado autonómico, servido además por una adecuada intervención del Tribunal Constitucional, funcionó sin especiales problemas hasta los años de entrada del siglo XXI , aunque quedasen ajustes por llevar a efecto, en relación como señalaba muy bien Jáuregui, con el Senado. También deberían afinarse los instrumentos de colaboración, solo inicialmente apuntados en la propia Constitución, y remediarse la deficiente atención a la financiación del sistema, encomendada sin apenas indicación constitucional a la legislación especifica sobre la materia (LOFCA, para entendernos).

II-Otra cosa ocurría con Euskadi y Cataluña, como pronto habría de verse. Aunque la violencia subrayaba el problema vasco, la tosquedad de los planteamientos políticos de la reforma estatutaria (plan Ibarretxe) facilitó su desactivación llevada a cabo de modo impecable por el Tribunal Constitucional. El plan ignoraba la soberanía nacional, suponía una reforma constitucional encubierta e incurría en dislates negando atribuciones o imponiendo instituciones claramente contrarias a la Norma Fundamental y no simplemente incompatibles con ella.

Cataluña es otra cosa, más profunda y grave, según Jáuregui. La lectura que hace Jáuregui de la crisis del procés es discutible, aunque apoye el afrontamiento por el Estado de la revuelta institucional catalana, a través, de la aplicación del artículo 155 CE y el procesamiento con su correspondiente sanción penal de los líderes del levantamiento. Jáuregui cree que el pronunciamiento del Tribunal (STC 31/2010), que para muchos actuó como catalizador y no como pretexto del procés, según creo yo, no debió tener lugar después del referéndum, y desliza que la sentencia sobreactuó en el control del Estatuto catalán y dejó a este en una situación de desventaja respecto de otras reformas estatutarias.

Lo importante con todo de la intervención de Jáuregui radica en su juicio sobre la situación actual catalana, que considera debe abordarse en toda su radicalidad y de modo congruente. Aunque los pasos acordados en Cataluña puedan habernos removido, parece que los mismos (reformas del código penal, indultos, amnistía) tienen que ver con la normalidad institucional alcanzada (seis viajes en quince días de los reyes a Cataluña, presencia de Salvador Illa en el desfile de las Fuerzas Armadas, compromiso con el límite de la solidaridad en la reforma de la financiación autonómica).

Pero nada de esto servirá o dejará de ofrecer solo un alivio efímero, si no se intenta la derrota del nacionalismo en el plano electoral y de la opinión pública. A lo que llama Jáuregui entonces es a un debate ideológico con el independentismo, tomando la delantera y no limitándose simplemente a reaccionar a la contra y defenderse frente a él. En este sentido lo que Jáuregui plantea es la necesidad de confrontar con el independentismo con una gran oferta de recomposición de la organización territorial de España que los nacionalistas no puedan rechazar por su calado ni objetar por su timidez o carácter superficial. Esa oferta de reforma se plantearía simultáneamente en el plano nacional y en el territorial y apuntaría a una reforma institucional en un sentido federal y un reconocimiento de los rasgos territoriales o hechos diferenciales propios. El partido socialista garantizaría la seriedad del acuerdo que se propone; pero también que hay líneas rojas al mismo que no pueden sobrepasarse, como son el referéndum de autodeterminación o avances competenciales en sentido confederal.

Por lo que hace al País Vasco, con lo que se encuentra el Estado en la actualidad, de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones, es con unos planteamientos que prescinden terminológicamente de las demandas anteriores, así no hay reclamaciones de referéndums o soberanías originarias, y aparecen con un remozamiento categorial considerable, así en los borradores del nuevo estatuto, respecto de cuya aprobación ya existe un compromiso temporal del lehendakari, se habla de nación foral, nuevo status, soberanía compartida o confederación transitoria. Conceptos que se intentará fijar en la Nueva Carta del autogobierno vasco. Nuevamente aquí el partido socialista jugará el doble papel de garante de las transformaciones alcanzadas y freno a las pretensiones excesivas de bilateralidad o derecho de veto vascos.