La Guardia Civil cree que varios altos cargos de Moncloa tuvieron acceso a los datos de González Amador antes de que se publicasen.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado "0 mensajes" en aplicaciones de mensajería instantánea del móvil del fiscal general del Estado,
Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Los investigadores han enviado al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado su informe sobre el material analizado tras el registro al despacho del fiscal general del Estado, practicado el pasado 30 de octubre, en el marco de la investigación por presunta revelación de secretos.
En dicho informe, al que ha tenido acceso EFE, la UCO también indica que en su ordenador se hallaron dos archivos que contienen una copia de dos correos enviados por una cuenta corporativa de la Fiscalía, fechados el 13 de marzo, con el asunto "Denuncia Maxwell Cremona".
Se observa, dice la UCO, la cadena de correos en los que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, admitía al fiscal haber cometido dos delitos contra Hacienda.
En esos correos, el letrado intentaba alcanzar un pacto con el fiscal por el que aceptaba íntegramente la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar una multa.
Los correos que recibió el fiscal general incluían, añade la Guardia Civil, la denuncia por dos delitos contra Hacienda cometidos presuntamente por la empresa que administra González Amador.
La cuenta de Álvaro García Ortiz tenía también 45 correos "sin interés para la investigación entre el 8 y el 14 de marzo".
El polémico correo que investiga el Supremo fue publicado la mañana del 14 de marzo, si bien algunos medios hacían referencia a él en sus informaciones la noche anterior.
Moncloa lo conoció antes de que se publicase
Por otro lado, la UCO concluye que, además de la asesora Pilar Sánchez Acera, varios altos cargos de Moncloa tuvieron conocimiento del correo en el que el González Amador reconocía un fraude fiscal antes de que se publicara íntegramente en ningún medio de comunicación.
Los responsables políticos señalados son el exsecretario de Estado de Comunicación Frances Vallés, su sucesor en el cargo, desde hace tan sólo unas semanas, Ion Antolín (por esas fechas director de comunicacón del PSOE) y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.
Según el informe remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso EFE, los mensajes muestran que Lobato, al recibir dicho correo por parte de la asesora Pilar Sánchez Acera, le preguntó a ella y a Vallés por su procedencia.
Y aunque no han hallado "conversaciones previas" sobre el correo con Vallés, la UCO interpreta que Lobato pudo acudir a él para saber el origen porque varios mensajes "apuntan a que podría tener un rol superior de coordinación" respecto a la información sobre el novio de Ayuso.
De los mensajes del móvil de Lobato, la UCO deduce que también "tendrían conocimiento" del correo "antes de ser publicado en ningún medio" la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el entonces director de Comunicación del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín.
Los investigadores extraen sus conclusiones tras analizar los mensajes del 13 y 14 de marzo hallados en el móvil de Juan Lobato, que entregó su dispositivo voluntariamente el 29 de noviembre, cuando declaró como testigo en el Supremo.
Lobato compareció tras llevar ante notario los mensajes que se cruzó con Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López, el 14 de marzo, en los que esta le enviaba el correo de la defensa de la pareja de Ayuso de cara a su comparecencia en la Asamblea de Madrid.
"La carta cómo la tenemos?", preguntó Lobato; "Porque llega, la tienen los medios", le respondió la asesora, quien, minutos más tarde, a las 9:29 horas, le envió un enlace de un diario con la noticia que reproducía el correo.
Según la tesis de los investigadores, "el 'email íntegro -no solo su contenido sino también su continente, con su formato-" no había sido publicado en los medios a las 8:29 horas, "cuando ya estaba en poder" de Sánchez Acera, "por lo que su procedencia no puede ser la publicación en medios de comunicación".
Una afirmación a la que llega tras varios indicios, como que la asesora "no tiene certeza" de que haya sido publicado cuando habla con Lobato o que él acudió a una notaría cuando el fiscal general fue imputado, entre otros.
En su informe, la UCO da a Sánchez Acera "un cierto dominio de la acción o de cómo sucederá" -en relación a la publicación del correo-, y señala que Lobato informó a un miembro de su equipo de que la asesora quería que sacara "el 'mail' de la Fiscalía". "Que no ha salido pero que lo saque yo", dijo.
Su asesor le contestó: "No lo hagas. Secretario de Estado de Comunicación. DIRCOM del PSOE. DIRCOM de Ministra de Vivienda. Estos tres también me han escrito con lo mismo...".
Así es como la UCO cree que "queda constatado" que los cargos citados tenían "constancia de la existencia de ese 'mail' antes de su publicación en medios", y en ese punto realiza una "breve contextualización". Dice que "distintos escalones directivos, a nivel regional y nacional están al tanto" el 13 y 14 de marzo "de las informaciones" sobre la pareja de Ayuso, "intentando coordinar actuaciones en ese sentido".
Y menciona otra comunicación de Lobato en la que informa de una llamada del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para indicarle que el presidente del Gobierno iba a pedir al líder del PP la dimisión de Díaz Ayuso y para que "lo pidan ellos también".