Trump sanciona a la CPI por sus acciones "infundadas" contra Israel y EEUU

El mandatario consideró en ese documento que la CPI ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos" e Israel, definido como un "aliado estrecho", y ha "abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas" contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

Para Trump, las recientes acciones de la CPI "sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto".

Esa "conducta maligna", en su opinión, "amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense" y de sus aliados. El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.

Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la CPI respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.

La orden contempla restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

Así, la entrada "sin restricciones" de inmigrantes y no inmigrantes que se considere que cumplan los criterios marcados se tacha de perjudicial y se suspende, a menos que desde el Departamento de Estado se determine lo contrario en base a recomendaciones de la fiscal general, Pam Bondi.

Para Trump, cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar o procesar a personas protegidas "constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", razón por la que dijo declarar "una emergencia nacional para abordar esa amenaza".

En los próximos 60 días, se pidió al Departamento del Tesoro que entregue una lista con personas adicionales que puedan verse afectadas por esta medida.

Su firma llegó después de la reunión de Trump el martes con Netanyahu, a quien en noviembre la CPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En 2020, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump se produce después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa Cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI condena la decisión

La CPI instó este viernes a la comunidad internacional a "unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales” en respuesta a la decisión del presidente estadounidense, una medida apoyada por Israel y Hungría que fue condenada por la UE.

El tribunal advirtió de que la acción de Trump va a "perjudicar su labor judicial independiente e imparcial" y subrayó que "se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo". “Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Parte, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, agregó el tribunal en un comunicado.

La CPI recibió el respaldo del presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, que avisó este viernes a través de sus redes sociales de que "sancionar a la CPI amenaza la independencia de la Corte y socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto". Costa, que recibió el jueves a la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, garantizó el apoyo de la UE a la labor "esencial" del tribunal con "las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo".

En términos parecidos se expresó la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, quien aseguró que la corte "debe poder emprender libremente la lucha contra la impunidad global" y defendió una CPI que "garantiza la rendición de cuentas por los crímenes internacionales y da una voz a las víctimas de todo el mundo".

Israel y Hungría, con Trump

Los gobiernos de dos de los principales aliados europeos de Estados Unidos, Israel y Hungría, celebraron la decisión de Trump contra un tribunal que definieron como "antiamericano y antisemita corrupto" y "un instrumento político" que desacredita el sistema legal internacional.

Netanyahu, sobre el que pende una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, agradeció a Trump su "valiente orden ejecutiva" contra una CPI "que no tiene jurisdicción ni fundamento para emprender una guerra legal contra nosotros".

Por su parte, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, dijo que la decisión de Washington es "absolutamente comprensible" dado que, en su opinión, la corte "se ha convertido recientemente en una herramienta política tendenciosa y ha desacreditado a todo el sistema judicial internacional"

Desde Países Bajos, sede del tribunal, el Gobierno lamentó la decisión de Trump y defendió su labor “esencial en la lucha contra la impunidad”; sin embargo, Geert Wilders, líder de la derecha radical PVV y socio mayoritario de la coalición de gobierno, consideró que la CPI debería abandonar La Haya.

La orden de Trump contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

La CPI, que se creó a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.

Sin embargo, países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.