La Asociación Tierra Bonita ha presentado una demanda ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), contra el rechazo de la Justicia en España a abrir una investigación sobre la gestión de la emergencia volcánica en La Palma en 2021.
Los demandantes denuncian la vulneración de dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), los relativos al derecho a una investigación efectiva y al derecho a un recurso efectivo.
En un comunicado, el despacho de abogados Martínez Echevarría, que asesora a la Asociación Tierra Bonita, alega que un Juzgado de Los Llanos de Aridane y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife desestimaron la querella "sin la mínima investigación previa", y que el Tribunal Constitucional español inadmitió a trámite el recurso de amparo contra el archivo de la causa.
En su exposición de los hechos habla de una "actuación negligente, temeraria y delictiva de las máximas autoridades políticas y científicas" en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca).
Esgrime que "a pesar de tener absoluto conocimiento de la inminente erupción del volcán, no dieron el aviso de alarma pertinente a la población a fin de proceder a la evacuación preventiva que correspondía de conformidad con lo ordenado por el plan de emergencias".
Lo cual, abunda, "puso en peligro la integridad física y el derecho fundamental a la vida de los ciudadanos" que habitan en la zonas más próximas a donde surgió el volcán, a lo que hay que añadir las muertes de animales.
En el recurso se subraya además que "hubo una pérdida de vida humana oficialmente reconocida, debido a la inhalación de gases tóxicos indiciariamente", y que "en los tres meses de la erupción aumentó un 53,5% el número de fallecimientos en La Palma con respecto a la media del último lustro, lo que supuso un incremento del 35,9% más que en el resto de las islas en el mismo periodo".
También argumenta que las actas y grabaciones de las reuniones del comité científico y director del Pevolca "se han ocultado a la opinión publica (...) lo que parece ser consecuencia de una delictiva y temeraria toma de decisiones a efectos de protección civil".
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