La Junta de Andalucía, indemne pese a vulnerar la intimidad de los objetores

La Fiscalía de Sevilla ha decidido no denunciar a la Junta de Andalucía por publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de un centenar de menores cuyos padres decidieron objetar a Educación para la Ciudadanía. El Ministerio Público considera demostrada la vulneración de la intimidad de los estudiantes, pero alega que ha tomado esta decisión con objeto de evitar a los niños "la trascendencia del proceso judicial".

Los afectados, que interpusieron una denuncia, han recibido la noticia con perplejidad. "Es como cuando Pilatos se lavó las manos", se lamenta Carlos Seco, abogado sevillano que representa los intereses de numerosas familias. "Si ha habido vulneración de derechos, la obligación de la Fiscalía es formular la correspondiente demanda."

No es la primera vez que la Fiscalía se desentiende de este caso. Primero fue el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, quien manifestó públicamente que no iba a actuar de oficio, a pesar de reconocer que se trataba de una intromisión en el derecho a la intimidad de los menores afectados.

Ahora la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, argumenta que la decisión de publicar en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) la identidad de los alumnos objetores a la asignatura "produjo una lesión a su derecho a la intimidad" que sería susceptible de una acción legal según la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor. Sin embargo, precisa que tras hacer una "ponderación de los intereses en conflicto" ha preferido no denunciar a la Junta para evitar a los niños "la trascendencia del propio ejercicio de las acciones legales" y su previsible impacto dado "el apasionado y tenso debate público sobre la materia", lo que daría lugar a "un impacto no solo local, sino nacional", así como a "la personalización que se llevaría a cabo".

Segarra entiende, pues, que "es de mayor relevancia para el fiscal la defensa de los intereses de los menores a mantener la privacidad de la decisión frente al ejercicio de unas acciones civiles encaminadas a obtener una indemnización adecuada a la trascendencia de la intromisión" en su honor. Por eso ha decidido archivar la denuncia presentada por el Partido Popular andaluz y los padres de cinco alumnos, que reclamaron a la Fiscalía su actuación de oficio, en virtud de la Ley de Protección Jurídica del Menor, ante esta "intromisión ilegítima" en su intimidad.

Para Profesionales por la Ética, "el argumento es realmente pobre". Este colectivo critica que la Fiscalía "no está defendiendo los derechos de los menores y sus padres, sino a la Administración".

El proceso sigue adelante

Los padres objetores no desisten en su empeño y piensan seguir adelante con el proceso, con o sin el apoyo de la Fiscalía. Se amparan en la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que concluía que “la publicación de la Resolución objeto de análisis en el BOJA donde se contienen los datos de carácter personal (nombre y apellidos) de determinadas personas menores de edad supone una vulneración del derecho a su intimidad contraria a la especial protección de que deben ser objeto este colectivo y que resultan especialmente obligados los poderes públicos”.

El portavoz de Profesionales por la Ética, Miguel Gómez de Agüero, denuncia que les "están obligando a demostrar que están dispuestos a luchar, que no les van a frenar los archivos judiciales ni las amenazas y que van a defender sus derechos". "Los padres no van a permanecer indecisos ante estas tropelías."

En declaraciones a EL IMPARCIAL, el letrado sevillano Carlos Seco manifestaba su indignación porque el Ministerio Público "reconoce la intromisión en la intimidad de los menores, pero no va a formular la denuncia correspondiente contra la Consejería de Educación, alegando que los afectados deberían comparecer en el procedimiento para ser oídos judicialmente". Algo que, según señala Seco, es lo habitual cada día en los juzgados de menores.

La Junta reconoce su error

El incidente se saldó con el cese de la secretaria general técnica firmante de la Resolución publicada en el BOJA. La Junta de Andalucía reconoció su error, pero los padres consideran que se deberían haber depurado responsabilidades políticas. Según Gómez de Agüero, "la Administración ha reconocido el error", si bien desde Profesionales por la Ética consideran que "hay voluntad intimidatoria y un ejercicio de autoritarismo".