Copago de leyes

Uno de los proyectos estrella de Zapatero, la Ley de Dependencia, acaba de recibir un impulso económico imprescindible para su puesta en marcha. Como tantas otras, esta iniciativa, si bien con un fondo loable, había quedado más en la impostura que en hechos prácticos. Y es que resulta de todo punto imposible desarrollar una iniciativa legislativa sin una dotación presupuestaria previa. Al mismo tiempo, es imprescindible un conjunto de medidas que armonicen su aplicación. No en vano, gran parte de las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas. El Consejo Territorial de la Dependencia, presidido por la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, ha sido quien ha adoptado los acuerdos precisos para llevar a buen término las prestaciones de la ley. Y la piedra angular de esos acuerdos es el “copago” que llevarán a cabo Estado y comunidades autónomas.

Que los poderes públicos han de velar por quienes no pueden valerse por sí mismos es un asunto lo suficientemente serio como para legislar con máximo rigor. Para todos. Porque, como dice el artículo 14 de la Constitución, “los españoles son iguales ante la ley”. Y es aquí donde surge una inquietante duda, ya que el Consejo Territorial ha acordado que cada CCAA determine la capacidad económica del beneficiario según su renta y patrimonio, de acuerdo a una escala mínimos y máximos previamente fijada. Así las cosas, podría darse el caso de que saliese más rentable obtener un certificado de minusvalía en Madrid o Cataluña que en Extremadura o Galicia. Es el problema haber transferido competencias en exceso: la ley es de aplicación para todos pero, de acuerdo con lo fijado por el Consejo Territorial de la Dependencia, los dependientes de comunidades autónomas “ricas” saldrán mejor parados. Gobernar no es sólo hacerse fotos con una ley debajo del brazo, sino aplicarla de modo efectivo e igualitario.