El rearme viene impuesto por las propias necesidades de España. La defensa de Ceuta, Melilla y el archipiélago canario, así como otras partes del territorio español -las islas Chafarinas, los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas y el islote de Perejil- exigen que la inversión en defensa sea muy superior a los algo más de 19 700 millones de euros de 2024 -la OTAN cifraba una estimación de gasto en defensa para España de 19 723 millones de euros-, una cifra de en torno al 1,28%del PIB. No existen aún datos consolidados del año pasado, pero las cifras andarían en ese orden de magnitud. Es cierto que España ha venido incrementando el presupuesto de defensa desde el 0,9% del PIB en 2019 hasta el 1,3% en 2023 y una cifra similar para 2024, pero también lo es que nuestro país venía invirtiendo muy poco; en todo caso, mucho menos que el 2% del PIB, que es la obligación dimanante de la pertenencia a la OTAN. Con un PIB estimado de unos 1,54 billones de euros (1.540.000 millones de euros), a España le faltarían unos 11 000 millones de euros para cumplir con su obligación.
Sin embargo, la necesidad del rearme de España no proviene, como decía, sólo por la pertenencia a la OTAN, sino por las amenazas que nuestro país afronta, que ahora se ven agravadas. La Estrategia de Seguridad. que data de 2021, señalaba que el "retroceso del multilateralismo, un aumento de la asertividad de ciertos actores y un incremento de la competición estratégica entre Estados, el riesgo de que se produzcan tensiones con impacto directo sobre los intereses nacionales e incluso sobre la propia soberanía, constituye una seria amenaza para la Seguridad Nacional, cuya máxima expresión podría llegar a adoptar la forma de conflicto armado". La estrategia añadía que "España requiere una capacidad de disuasión creíble y efectiva y una capacidad de defensa autónoma, frente a diferentes formas de agresión: desde las estrategias híbridas hasta el conflicto convencional.España debe, además, seguir siendo un sociocomprometido y fiable de la Unión Europea,la OTAN, las Naciones Unidas y otros marcos multinacionales de seguridad y defensa".
Es posible que la estrategia requiera una actualización o incluso un nuevo diseño a la vista de los acontecimientos a ambos lados del Atlántico. En 2021, el Gobierno valoraba que "La alianza estratégica de España con Estados Unidos está basada en una relación de mutua confianza con dimensiones políticas, económicas, culturales y militares. El Convenio de Cooperación para la Defensa, suscrito entre ambos países, constituye un valor añadido, sin olvidar tampoco la buena colaboración, junto a otros socios y aliados, en el seno de la Coalición Global contra el Daesh". Sin duda, la lucha contra el Estado Islámico sigue siendo relevante, pero el gobierno de Donald Trump ha manifestado su deseo de reformular las relaciones en el seno de la OTAN y es difícil saber cómo va a afectar eso a la relación bilateral con los Estados Unidos.
La Estrategia también decía, a propósito de América del Norte y el vínculo transatlántico que "El escenario actual abre una ventana de oportunidad para la consolidación del vínculo transatlántico y el refuerzo y reforma del multilateralismo y sus instituciones. También se ha de tener en consideración el giro estratégico de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico y su presencia más reducida en Oriente Medio. España, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, apoyará la cooperación entre las dos organizaciones como eje central de la seguridad colectiva frente a los grandes desafíos globales". El cambio de gobierno en los Estados Unidos y la reformulación de la relación con los restantes miembros de la OTAN puede suponer, en efecto, la necesidad de que España apoye la cooperación entre la UE y la OTAN en el espacio europeo y el Mediterráneo. La guerra de Gaza y el cambio de régimen en Siria -con su preocupante persecución de las minorías- han agravado, desde 2021, el escenario del sur de la Unión. La asunción de esos compromisos exige una mayor inversión en defensa no sólo por el interés de España, sino también por el de los aliados.
La estrategia de Donald Trump para alcanzar la paz en Ucrania ha trasladado la carga del esfuerzo militar de apoyo al país centroeuropeo a los aliados continentales y al Reino Unido. La asunción de compromisos en clave regional para la defensa y la estabilidad de Ucrania son la última etapa de esa cadena de obligaciones de distinta naturaleza -defensa del territorio nacional, cumplimiento de los deberes en el marco de la OTAN, política europea hacia Ucrania- que imponen una mayor inversión en defensa.
Al margen de los extremos técnicos que la propia evolución de los conflictos señala -por ejemplo, la complejidad de las amenazas híbridas o la vulnerabilidad del ciberespacio- es evidente que, como sociedad, debemos afrontar la cuestión militar más allá de las misiones internacionales o de las intervenciones humanitarias. España debe prepararse para potenciales conflictos armados de mayor extensión e intensidad que las misiones bajo mandato de Naciones Unidas.
Marruecos parece verlo de este modo. Según publicaciones de prensa, su presupuesto de defensa para 2024 asciende a unos 11 400 millones de euros y supone un 9% del PIB. Argelia ha aumentado el suyo incluso más: con un gasto de 23 200 millones de euros, alcanza el 15% de su PIB. Más al sur, la desestabilización del Sahel y del Congosólo añade urgencia a las necesidades de que España aumente su inversión en un sector que, por otra parte, destaca en investigación, desarrollo e innovación. A esto hay que añadir las necesidades de aumentar el presupuesto para servicios de inteligencia interior y exterior que permitan afrontar amenazas híbridas como las padecidas en las fronteras de Ceuta y Melilla y en las islas Canarias, donde la adquisición por parte de Marruecos de aviones de combate -25 F-16, por ejemplo- así como de fragatas y drones exige la adopción de las medidas necesarias para garantizar el control de la zona económica exclusiva. Las áreas de cooperación entre España y Marruecos -por ejemplo, la lucha contra el terrorismo- no deben llevarnos a olvidar el interés nacional de España en el control de sus recursos como, por otro lado, también hace Marruecos con los suyos.
Hay que hablar, pues, del rearme no sólo porque lo exige el cumplimiento de las obligaciones internacionales, sino porque lo requieren las propias necesidades de defensa de España.
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