La operación policial de esta semana contra una organización dedicada a colaborar con la organización terrorista Hizbulá desde España se ha saldado con tres detenidos en Barcelona. Según la Guardia Civil, el grupo se dedicaba a adquirir piezas para drones empleados después en ataques terroristas. El modus operandi consistía en realizar las compras de material y la emisión de facturas falsas gracias a los datos obtenidos mediante la venta de entradas de fútbol. El grupo formaba parte de una red mayor que opera en varios países europeos. Para uno de los detenidos se ha acordado prisión provisional.
Según el «Anuario del terrorismo yihadista 2024», publicado hace pocos días por el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, el año pasado hubo 49 operaciones contra el terrorismo yihadista. Salvo 2017, se trata de la cifra más alta desde que se hay registros. La provincia de Barcelona es el principal foco de lucha contra el yihadismo en nuestro país y en ella se ha realizado 14 operaciones, casi un tercio del total del año pasado. La franja de edad de los detenidos suele ser entre los 18 y los 24 años. Respecto de las nacionalidades hay 15 diferentes. Entre los detenidos se cuentan 9 mujeres y 15 menores de edad. Por ejemplo, en Murcia resultaron detenidas en marzo del año pasado dos mujeres de 53 y 57 años nacidas en Marruecos por un presunto delito de financiación del terrorismo.
El informe recoge que «la financiación del terrorismo también es otro delito que está evolucionando en cuanto a los mecanismos empleados gracias a las nuevas tecnologías. El surgimiento y expansión de las criptomonedas se ha convertido en el último desafío al que deben hacer frente diferentes instituciones y organismos nacionales e internacionales que persiguen los cauces ilegales de dinero que acaban en manos de organizaciones terroristas. En los últimos años en España ya se han registrado varias operaciones contra la financiación del terrorismo de corte yihadista en las que diferentes individuos u organizaciones criminales utilizaban aplicaciones de criptomonedas para hacer llegar dinero a terroristas. Esta dinámica ha continuado prologándose durante 2024, como así muestra la operación realizada por la Guardia Civil a finales de enero en Barcelona donde fue detenido un hombre de nacionalidad jordana con pasaporte español por su presunta vinculación con un entramado terrorista internacional dedicado a la financiación del terrorismo mediante criptomonedas y que era gestionado por varias personas ya condenadas previamente por terrorismo en Francia».
La operación de esta semana en Barcelona es la segunda fase de otra anterior dirigida a desmantelar el aparato logístico que Hizbulá emplea para la compra de materiales para su programa de drones. Gracias a la fragmentación de las compras y a otras técnicas, las adquisiciones trataban de pasar desapercibidas al control de las autoridades. Una vez realizadas las compras, las piezas se enviaban desde España al Líbano.
La financiación de actividades terroristas desde la Unión Europea es uno de los temas centrales para la seguridad en el Mediterráneo. Amjad Taha, Director Regional del Centro Británico de Estudios e Investigación del Medio Oriente y autor del libro«The Deception of the Arab Spring», se lamentaba hace unos días en la red social X (antiguo Twitter) de cómo la Unión Europea cerraba los ojos ante la financiación del extremismo en Gaza y el Yemen. En ambos casos, cabe añadir, se trata de dos territorios del Eje de Resistencia apoyado por la República Islámica de Irán.
En el informe«Annual Threat Assessment (ATA) of the Intelligence Community» (p. 22), se advierte de la capacidad de desestabilización que tienen las organizaciones terroristas controladas por Teherán. Esto afecta a toda la región desde el Mediterráneo Oriental (Israel, El Líbano y Chipre) hasta el Mar Rojo. En junio del año pasado Hizbulá ya amenazó al gobierno de Chipre.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vigilan las posibles vías de financiación de organizaciones terroristas tanto por vías estrictamente clandestinas como por medio de organizaciones pantalla. El Informe de Seguridad Nacional 2023 -el último que se ha publicado- señalaba que «el uso indebido de las remesadoras y los sistemas informales, siguen siendo los principales métodos identificados para transferir fondos a través de las fronteras obtenidos a través del comercio ilegal, la extorsión o las donaciones de simpatizantes en jurisdicciones extranjeras. El secuestro de personas, locales y extranjeros, es también una fuente de ingresos considerable. Del mismo modo, la explotación de recursos en minas locales y la imposición de impuestos o tasas permite la generación de ingresos de fácil blanqueo en otros países».
El uso de donantes y aparentes organizaciones caritativas es ya conocido de antiguo, pero esto no debería conducir a una relajación en los controles. Por ejemplo, Amjad Taha apuntaba en un mensaje a la'paradoja que supone la ilegalización de IslamicRelief.org en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudí y el mantenimiento de sus oficinas en Nueva York y Londres. En esto -como en el resto de aspectos de la lucha contra el terrorismo yihadista- la experiencia y colaboración de los países árabes puede resultar decisiva.
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